Xalapa, Ver.-  El Procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, expuso que el Ayuntamiento de Xalapa no tiene la certeza jurídica para operar el relleno sanitario del Tronconal, pues no cuenta con la autorización, ni los permisos para su operación. El municipio se podría hacer acreedor a una multa de entre 33 mil y hasta el medio millón de pesos.

La sentencia que emitió la magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, al resolver el jucio 248/2918, ha abonado a la polémica entre la empresa Veolia y el Ayuntamiento de Xalapa, que siguen disputando la operación del Relleno Sanitario del Tronconal, y el manejo de las 400 toneladas de desechos que se generan a diario.

Este jueves 29 de mayo funcionarios de la empresa Veolia, concesionaria del relleno, y representantes legales del Municipio se responsabilizaron mutuamente de contaminar el predio y no dar el correcto tratamiento a los desechos de los xalapeños.

Por la mañana la empresa invitó a un recorrido y denunció que en el lapso que el municipio se hizo cargo del predio, tras obligar la apertura y tomar la operación del relleno el pasado 28 de marzo, solo se acumularon los desechos sin dar el tratamiento.

Yahvé Fernández, Gerente General de Veolia Xalapa, denunció que en los últimos dos meses el municipio no dio el correcto tratamiento a la basura, pues no basta con verter y tapar la basura, los desechos se deben compactar con maquinaria durante el día.
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Salvador Bravo, Apoderado Legal de la Empresa, aclaró que a pesar del amparo al que recurrió el municipio, en el Tribunal argumentaron que no les asistía la razón, por lo que se mantuvieron firmes en la determinación de regresar la operación a Veolia.

El municipio esta tratando de hacer tiempo para poder “limpiar el cochinero” que generó en los últimos dos meses, opinó en entrevista el abogado.

Por la tarde de este miércoles 29 de mayo, el municipio invitó a un segundo recorrido guiado por el director del Medio Ambiente, Juan Carlos Olivo Escudero, quien acusó que desde que retomaron la operación del Tronconal han detectado irregularidades en su operación.

En el lugar hay dos celdas, una operó del 2003 al 2011, y se reabrió. El año pasado se cerró un segundo espacio en el que se depositaron los desechos del 2011 al 2018 y se detectó que se tienen problemas de filtración en la laguna de lixiviados.

“Se tuvieron que remontar muchas condiciones inadecuadas, había residuos expuestos, hay problemas en los drenes pluviales, los caminos hacia la celda no están pavimentados y a la laguna de lixiviados le falta mantenimiento, la parte superior esta rasgada”, denunció en un recorrido con medios de comunicación.

Por su parte el Procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, lamentó la postura de la empresa y el Ayuntamiento que han hecho prevalecer un interés económico, y no el interés de los capitalinos para tratar los desechos sólidos.

Veolia atendió las seis recomendaciones que emitió la pasada administración en la operación del relleno y pagó una multa de 600 mil pesos y el expediente, que se inició en el periodo de Yunes Linares, ya se cerró, luego de una queja ciudadana por el derrame de lixiviados.
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“Nosotros dimos por concluido ese expediente y aperturamos uno nuevo luego de que la empresa decidió cerrar el relleno y que el municipio de manera precipitada y sin claridad jurídica, y lo están demostrando los Tribunales, tomó la administración del relleno”, explicó en entrevista con EConsulta.

El municipio no logró fundamentar la decisión de retomar la operación del relleno que fue unilateral, pues la Procuraduría del Medio Ambiente tenía que certificar las condiciones en las que encontraron el predio.

“Y por esta decisión unilateral, sin tomamos en cuenta, no pudimos verificar cómo habían retomado este sitio (…) La Secretaría emitió un documento -firmado por la secretaria-, que palabras más palabras menos decía que el municipio no tiene certeza jurídica para retomar el relleno y le piden se justifique la acción”.

A esa irregularidad, se le suma el hecho de que el propio municipio no tiene permisos para operar el Tronconal, lo que limita al PMA para poder intervenir o revisar cómo opera su funcionamiento; y la disputa jurídica no abona.

El funcionario dependiente de la Sedema afirmó que el municipio se podría hacer acreedor a una multa, pues su actuar es catalogado como una falta grave, por lo que podría pagar desde las 300 hasta las cinco mil UMAS.
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