Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están a un paso de validar la Ley de Remuneraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, impugnada por órganos autónomos y servidores públicos.

Este lunes comenzó la discusión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Tres ministros rechazaron el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien buscaba invalidar en su totalidad dicha norma.

Durante la sesión del Pleno de la Corte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández, expresaron su objeción debido a que 15 de los 17 artículos de la ley fueron reformados en abril pasado para modificar algunas definiciones.
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Incluso señalaron que corregir ortografía no es algo que esté dentro del catálogo de opciones a analizar para definir la constitucionalidad o no de la ley.

La norma impugnada prohíbe a los servidores públicos puedan ganar más que el Presidente de la República. Las impugnaciones fueron presentadas por Senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para invalidar la ley.

"Sería ocioso pronunciarse respecto de las omisiones a la luz del texto original porque el mismo ha sido reformado prácticamente en su totalidad y tampoco podría analizarse el texto vigente de esta ley en tanto no es materia de este asunto por lo que en todo caso correspondía a los promoventes (quienes recurrieron al amparo y a la acción de inconstitucionalidad) hacer valer una nueva acción", explicó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

"Estoy en contra del proyecto y desde ahora anuncio que así votaré en todos sus apartados, toda vez que considero que el decreto legislativo que se impugna en estas acciones ha cesado integralmente en sus efectos, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en su totalidad", precisó el presidente de la Corte.
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Zaldívar Lelo de Larrea levantó la sesión, por lo que este martes los ministros continuarán con la discusión del asunto.

Falta un voto en contra del proyecto de Pérez Dayán para que se deseche y así la Ley de Servidores Públicos quedará vigente.

Aún así, los inconformes tienen una oportunidad más para impugnar, mediante una acción de inconstitucionalidad, contra la ley publicada en abril pasado para su entrada en vigor.
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