La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto en que definirán si la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que nadie puede ganar más que el presidente, es Inconstitucional.

De acuerdo con El Universal, el ministro Alberto Pérez Dayán será quien presente el proyecto para cancelar dicha ley.

Pérez Dayán ve en la legislación dos acciones de inconstitucionalidad y consideró que hubo violaciones al procedimiento y omisiones legislativas dentro de la propia norma.

La propuesta del ministro señala que los legisladores incurrieron en violaciones al proceso ya que la reforma constitucional que ordena su creación data de 2009, pero la iniciativa original fue aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados en 2011.

Y, de acuerdo con la Constitución, la discusión y aprobación de una ley debe realizarse de manera sucesiva, es decir, que no pase mucho tiempo entre una Cámara y otra, mientras en este caso los diputados tardaron siete años en aprobar la ley.

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En ese periodo de siete años los diputados gozaron de tres prórrogas para discutir y aprobar la ley, a pesar de que su reglamento establece que sólo pueden tener una.

Una de las omisiones legislativas señaladas por el ministro es que el Congreso no estableció con elementos objetivos cómo se fijaría el salario del presidente, mismo que servirá como tope máximo para el salario del resto de los servidores públicos federales.

Declarar inválida la Ley de Salarios no implica que los servidores públicos pueden ganar más que el presidente, sin embargo, la disminución del salario del Ejecutivo afecta a toda la burocracia federal.
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Otro de los errores del Congreso, según el ministro Pérez Dayán, es la duplicación del artículo del Código Penal Federal que establecía el delito de remuneraciones ilícitas, uno se refería a la sanción sobre el uso ilícito de atribuciones y facultades y el otro, al que prevé la Ley de Salarios, lo que significaba en sí una nulidad.

Para que la ley sea cancelada, el ministro requiere que ocho de sus compañeros en el pleno de la Corte avalen su propuesta, cuya discusión se prevé para mediados de mayo.

Si se avala, el Congreso tendrá 90 días para crear una nueva Ley Federal de Remuneraciones.
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