Xalapa, Ver. –“En junio me voy a chingar a otros”. Eso dijo un funcionario de la Secretaría de Salud de Veracruz a 22 profesionistas que despidió este 15 de abril con el pretexto de la desaparición del programa federal Próspera.

Según José Alberto Hernández Rivera, director de la jurisdicción sanitaria número 7, en Orizaba, por "indicaciones de allá arriba", se acabaron los contratos y con ello la fuente de empleo odontólogos, trabajadores sociales y traductores de la lengua náhuatl que ofrecían sus servicios en la zona de Las Altas Montañas.

“Nos dijeron que únicamente se iban a quedar enfermeras y médicos, que los promotores ya no eran indispensables para el sector salud. (...) Nosotros le expusimos nuestra antigüedad, pero nos dijo que ya no hay nada para nosotros”, se lamenta María del Carmen Valencia Ramos, cirujana dentista que durante 7 años promovió campañas de salud en la sierra de Veracruz.

De acuerdo con Valencia Ramos, 22 compañeros fueron citados en la jurisdicción sanitaria número 7, en Orizaba. Allí, el director José Alberto Hernández Rivera refirió que la Secretaría de Salud no podía más costear sus salarios, promediados en los 110 pesos diarios.

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En entrevista para E-Consulta Veracruz, la jefa de familia explicó que tras la desaparición del programa federal Prospera, con la llegada de los gobiernos morenistas, sus sueldos fueron absorbidos por la Secretaría de Salud; con contratos temporales y una reducción de salarios.

“Cuando inició esta administración nos dieron un contrato por tres meses, al final solo por 15 días. Desde el inicio nos bajaron de 4 mil 500 pesos a 3 mil 300 pesos quincenales. Nosotros aguantamos eso con la esperanza de ser recontratados, pero la realidad fue otra”, comparte María del Carmen.

Ella y el resto de sus compañeros que hoy enfrentan el desempleo, fungieron como promotores de salud en la zona de Las Altas Montañas, en la zona centro de la entidad, en municipios como: Maltrata, Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán, Tlilapan, San Andrés Tenejapan, Tehuipango y Tlaquilpa.

La madre y jefa de familia, asegura que ella y otros 21 compañeros de trabajo (odontólogos, trabajadores sociales y traductores de la lengua náhuatl) quedaron sin ingresos para sobrevivir un mes, debido a que ninguno recibió liquidación.

“Fungimos hasta por ocho años como parte preventiva para evitar enfermedades en la región; trabajamos con embarazadas, con menores de edad, con personas de enfermedades crónicas. Impartíamos cursos en escuelas con mujeres violentadas. Nuestra función como promotores no nada más se limitó a la población Prospera, nosotros trabajamos en más programas de la Secretaría de Salud”, abundó María del Carmen.

Este medio buscó una entrevista con el titular de la Secretaria de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, pero no hubo respuesta hasta la publicación de esta nota informativa.

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Extrabajadores de Salud anuncian despidos para solapar nepotismo

María del Carmen Valencia, vocera de los 22 trabajadores despedidos, advierte que sus despidos no justifican la austeridad pregonada en el gobierno morenista. Ello al asegurar que hay registros de contrataciones recientes, entre ellos las de dos sobrinos del director de la jurisdicción número 7, José Alberto Hernández.

Se trata de Mauricio Llorens Rodríguez, quien es verificador de Comisión Federal para la Protección contra Registros Sanitarios (Cofepris) y Paola Marañón Rodríguez, quienes son relacionados como sobrinos del funcionario de la secretaría de Salud, con sede en Orizaba.

“Que el director nos diga si mentimos. Por lo menos hubiera mandado a sus familiares a las zonas rurales. A nosotros se nos hace injusto que el Estado diga que ya no puede pagar nuestros salarios y que ni las gracias nos den, pero que sí contrate a gente cercana a ellos”, reprocha la odontóloga.

La entrevistada advierte que estos despidos se han replicado en el resto de las jurisdicciones dela entidad. “Estamos pidiendo el apoyo del Secretario de Salud, del Gobernador. Les suplicamos de la manera más atenta que volteen a ver los años que llevamos de servicio”. 

María del Carmen insiste en que estas disposiciones han mermado su economía familiar y que las esperanzas depositadas en los nuevos discursos de la clase gobernante, y las de obtener una base (contrato fijo) se esfumaron en minutos.

“Soy madre de un hijo, mi esposo trabaja en una empresa privada, por contrato y su sueldo es bajo. Realmente mi salario compensaba algunos gastos. Esto no es lo que nos prometieron los gobiernos morenistas. Nos demuestran que son más de lo mismo”, concluye.

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