Marcos Muedano | La Silla Rota

Luis Rodríguez Bucio, general de brigada y comandante de la Guardia Nacional, comulgó con la estrategia antinarco emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó de 2006 a 2012 y cuyo eje en la política de seguridad fue ordenar a las Fuerzas Armadas combatir a los cárteles ante la debilidad de policías municipales y estatales.

El compromiso del Estado mexicano de cumplir los acuerdos en el combate a las drogas, así como el debilitamiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia públicas, entre ellas la extinta Procuraduría General de la República (PGR), son algunos de los factores que obligaron a las Fuerzas Armadas a participar en actividades relacionadas con la lucha antinarcóticos.

La mañana del viernes, cuestionado por las altas cifras de homicidios en el país, Andrés Manuel López Obrador hizo alusión, sin nombrarlo, a Felipe Calderón, quien inició la guerra contra el narco y hasta se visitió de militar.

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"En dos sexenios miles perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y pegó un garrotazo al avispero", dijo.

En el ensayo "Esbozo histórico de la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones gubernamentales contra el narcotráfico en México", el general de Brigada y Comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, menciona que otros de los motivos que originaron la intervención del Ejército y Marina en el combate fueron evitar las agresiones a instituciones de seguridad pública por parte de narcotraficantes, así como el crecimiento de los grupos criminales.

"Primero, por el compromiso de los gobiernos mexicanos para hacer cumplir los acuerdos de las diferentes Convenciones Internacionales en la materia; segundo, reducir el riesgo de agresión por parte de narcotraficantes armados a grupos de agentes de la policía antinarcóticos durante los patrullajes para realizar la destrucción de plantíos de enervantes; tercero, por sus capacidades para realizar funciones de intercepción de cargamento de drogas; cuarto, por la debilidad de las instituciones encargadas de la atención al problema del narcotráfico; y quinto, por la fortaleza que al inicio del presente siglo mostraban las organizaciones de narcotráfico".

En el ensayo de 10 cuartillas Bucio menciona que la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico inició del 15 de marzo de 1920, cuando el expresidente Venustiano promulga las disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneren la raza, y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin.

"En dicho documento se establecía que solamente el Departamento de Salubridad podía autorizar permisos para importar al país opio, morfina, heroína y cocaína; se prohibía de forma estricta el cultivo de marihuana, mientras que el cultivo de la adormidera y extracción de sus productos también requería del permiso del Departamento de Salubridad".

Sin embargo, las disposiciones fueron  modificadas por el exmandatario Plutarco Elías Calles, al emitir un nuevo decreto el 25 de enero de 1925 en el cual se fijan las bases bajo las cuales se permitiría la importación de opio y morfina, además de definir las seis aduanas por las cuales se podía realizar su importación.

Al detallar el combate contra el narcotráfico el general Bucio menciona que la intervención del Ejército comenzó a ser más constante en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua a través de la Operación Cóndor, cuyo objetivo era la erradicación de los cultivos de marihuana y amapola.

También involucró la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El éxito de esta operación, por lo menos en sus inicios, a juicio de Craig (1980), radicó en la buena coordinación entre la PGR y la Sedena, además de la participación activa de 30 agentes de la DEA, los cuales contribuían con información, que facilitaba tanto las actividades de erradicación de plantíos de enervantes, como de interdicción de cargamentos de los mismos.

La participación de las Fuerzas Armadas fue continúa durante los siguientes años, hasta el gobierno de Vicente Fox, a través de "una mayor confrontación con las organizaciones de narcotráfico, dando como resultado la detención de varios líderes importantes de dichas organizaciones", así como la creación de nuevas instituciones de seguridad federales.

"Ya durante el sexenio del presidente –Felipe- Calderón, de acuerdo con Bailey (2010), éste diseñó una estrategia para hacer frente al crimen organizado en general y a las organizaciones de narcotráfico en particular, cuya lógica central fue el empleo de las Fuerzas Armadas, para enfrentar a grupos armados de las organizaciones delincuenciales".

La estrategia tenía como eje central la desarticulación de los grupos criminales a través de Operaciones de Alto Impacto en las que se buscaba detener a "elementos clave de la estructura de las organizaciones criminales, asegurar droga, armamento y otros recursos de dichas organizaciones".

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"De esta manera, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, dada la debilidad de los cuerpos de policía estatales y municipales, fueron las instancias del Estado mexicano, que llevaron el peso del primer eje de la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Calderón: la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales".

Sin embargo, la capacidad operativa de los grupos criminales ha sido mayor a los esfuerzos del gobierno federal.

"Las diferentes acciones realizadas por las Fuerzas Armadas en México indudablemente han logrado afectar la estructura de las organizaciones de narcotráfico, sus capacidades económicas, sus relaciones comerciales y liderazgos; sin embargo, su capacidad de recuperación, de adaptación y flexibilidad, les permiten reducir las afectaciones y continuar operando".

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