Xalapa, Ver.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigió al Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, que los procesos contra los implicados en la desaparición forzada de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, “se mantengan de manera sólida” para alcanzar la sanción a los responsables.

Ello luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara exonerar a los 21 detenidos –entre ellos Francisco Navarrete Serna, presunto líder delincuencial en Tierra Blanca- del delito de delincuencia organizada, bajo el argumento de una investigación deficiente por parte de la entonces Procuraduría General.

El Centro que se dedica a la promoción, defensa, difusión de los Derechos Humanos y que dio acompañamiento a las familias de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz, además pidió coordinación con la FGE para asegurar que las investigaciones del caso “cuenten con elementos de prueba idóneos para asegurar las condenas respectivas, evitando llegar al escenario como el que ocurre actualmente respecto a los procesos federales”.

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En ese sentido, recordaron al Fiscal veracruzano que de lo contrario, se sumarían al contexto de impunidad en este caso.

Cabe recordar que tras la determinación de la Fiscalía de la República, el propio Jorge Winckler aseguró que los presuntos culpables no podrían salir en libertad gracias a los procesos que se les siguen en Veracruz.

Por ello, dijo, se añadió una “nueva carpeta” a la investigación, sobre la cadena de mando y que intentará demostrar si “había una sistematización para llevar a cabo estos actos de manera reiterada”, como lo recomienda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017, es decir, Winckler tardó dos años para actuar, a pesar de la petición de los familiares.

“Tanto en la Recomendación 5VG/2017 de la CNDH, como en el dictamen de reparación integral emitido por la CEAV se contempla como una de las principales medidas, el acceso a la justicia, haciendo énfasis en que los procesos que se encontraban abiertos tanto por desaparición forzada como por delincuencia organizada debían asegurarse hasta llegar a las condenas correspondientes, por lo que estos organismos estarán vigilantes de los procesos que se lleven a cabo por las instituciones de justicia”, continúa el comunicado.

Finalmente, recordaron que en la disculpa pública ofrecida por el gobierno de Veracruz a las víctimas indirectas, tanto el gobernador Cuitláhuac García, como el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se comprometieron a acompañar las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, y la violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, y asegurar las condenas por ese delito y por el de desaparición forzada.

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Aquí el comunicado completo:

Resolución de juez en caso Tierra Blanca, alerta sobre impunidad

Ciudad de México, 15 de marzo de 2019. El pasado viernes 8 de marzo un juez federal resolvió declarar fundado un incidente por desvanecimiento de dato, ordenando la libertad de 21 personas detenidas, entre ellas 8 policías, por el caso Tierra Blanca acusadas del delito de delincuencia organizada relacionado con los hechos que tuvieron lugar el 11 de enero de 2016 en el que policías estatales en colusión con el crimen organizado, desaparecieron y posteriormente ejecutaron a 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.
 
Ante la exigencia de las familias para obtener justicia por los hechos, observamos con preocupación que con esta decisión se abone a la impunidad y aleje la justicia. Por ello, reiteramos el llamado a las instituciones encargadas de garantizar la justicia a que se comprometan a realizar investigaciones adecuadas y con debida diligencia que aseguren procesos sólidos que se sostengan jurídicamente hasta llegar a la sanción de los responsables. En particular, la FGR debe asegurar que la colusión entre elementos del crimen organizado y autoridades estatales para la comisión de conductas delictivas respecto a delincuencia organizada en el caso Tierra Blanca no quede en impunidad.
 
Tanto en la Recomendación 5VG/2017 de la CNDH, como en el dictamen de reparación integral emitido por la CEAV se contempla como una de las principales medidas, el acceso a la justicia, haciendo énfasis en que los procesos que se encontraban abiertos tanto por desaparición forzada como por delincuencia organizada debían asegurarse hasta llegar a las condenas correspondientes, por lo que estos organismos estarán vigilantes de los procesos que se lleven a cabo por las instituciones de justicia.
 
Es importante recordar que las personas detenidas enfrentan también procesos por desaparición forzada en la Fiscalía del Estado de Veracruz, a quien hacemos un llamado para asegurar que dichos procesos se mantengan de manera sólida, se coordine con la FGR y se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para asegurar las condenas respectivas, evitando llegar a un escenario como el que ocurre actualmente respecto a los procesos federales. Lo resuelto por el Juez Federal es un llamado para que las instituciones encargadas de la justicia realicen su trabajo correctamente, de lo contrario estarían abonando a la impunidad en un caso paradigmático como el de Tierra Blanca.
 
Recordamos que el pasado 4 de marzo se llevó a cabo un evento de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a las familias de los 5 jóvenes desaparecidos, en el que se enfatizó los pendientes respecto a la justicia y en el que se dieron compromisos relevantes para vigilar los procesos penales en contra de las personas detenidas. Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración señaló: “Un acto como éste cobra sentido mientas se acompañe también de la búsqueda de la justicia. (…) Por eso nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad (…).”
 
Por su parte el gobernador del estado de Veracruz refirió: “somos conscientes que su exigencia por la justicia es su principal demanda y debe ser también nuestra principal preocupación. Sabemos que los procesos que se siguen en contra de las personas detenidas deben llegar a buen puerto, con procesos adecuados que aseguren las condenas respectivas, tanto por desaparición forzada, como por delincuencia organizada.”
Cabe señalar que, en coordinación con el Gobierno del estado de Veracruz, la FGR interpuso los recursos legales correspondientes frente a la resolución del juez federal. Es importante también, que se mantengan abiertas las investigaciones relacionadas con el delito de delincuencia organizada, realizando nuevas acusaciones que corrijan las deficiencias actuales y asegurándose de obtener las pruebas idóneas para acreditar la responsabilidad de las personas detenidas por el delito de delincuencia organizada, de lo contrario se abonaría a la impunidad en este lamentable caso.

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