Xalapa, Ver.- Este lunes, el gobierno de México y Veracruz ofrecerán la primera disculpa pública por un caso de desaparición forzada de personas, y esta, será para las familias de Bernardo Benítez Arroniz, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, y José Benítez de la O, cinco jóvenes detenidos, desaparecidos y asesinados en Veracruz, a manos de policías en 2016.

El evento se realizará en punto de las 13 horas en el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, sin embargo, esta disculpa -recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017 al gobierno de Veracruz- llega "sin resultados" para las víctimas indirectas: sus familiares.

E-Consulta Veracruz te comparte cinco notas clave sobre el caso de desaparición forzada de estos jóvenes, y el trabajo que sus familiares y abogado han realizado a lo largo de casi tres años.

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El Limón, campo de tortura del CJNG y policías de Veracruz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció que el último paradero de cinco jóvenes de Playa Vicente, desaparecidos el 11 de enero de 2016, fue un campo de tortura empleado por elementos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y custodiado por policías de Veracruz.

El lunes 11 de enero de 2016, a las 11 horas con 10 minutos, el policía estatal Édgar Ramón Reyes Hermida recibió una llamada de su compañero Edgar Omar Ruíz Tecalco, alias la Perrita. Le dijo que habían intervenido un vehículo con cinco personas, “unos chavos de Playa Vicente que se le habían hecho sospechosos”.

En el documento firmado por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, se muestran dictámenes en criminalística realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) que indican que en el rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, se encontraron herramientas de tortura como una macana de madera con la frase de “No mientas” y un hacha con la leyenda “Te estoy esperando” en letras cursivas. Leer más...

El indicio que vincula fosas de Tierra Blanca, Santa Fe y del rancho El Limón

Existe un indicio en la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, en enero de 2016, que presenta una relación entre la fosa de Colinas de Santa Fe y el rancho El Limón, campos de exterminio presuntamente utilizados por la delincuencia organizada y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En la carpeta de investigación FGE/FIM/IM/01E/2016 se establece que el automóvil donde viajaban los cinco jóvenes de Playa Vicente, un Jetta color gris, placas 566-XNS, propiedad de Mario Arturo Orozco Sánchez -uno de los desaparecidos en Tierra Blanca-, fue abandonado en una gasolinera ubicada en el crucero Santa Fe, a solo cinco kilómetros del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, donde hoy yace la fosa más grande de América Latina. Leer más…

Nava Holguín y tres mandos más, también son señalados por desaparición de Tierra Blanca

Además de Arturo Bermúdez, los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, en enero de 2016, presentaron cargos ante la Fiscalía de Veracruz en contra de Nabor Nava Holguín y otros tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública por el delito de desaparición forzada.

La tarde de este jueves, José Benítez y Carmen Garibo, padres de dos víctimas, ampliaron su denuncia comprendida en la carpeta de investigación INV. MIN. FGE/FIM/IM/01E/2016, destacando pruebas ya existentes, las cuales servirían para fincar responsabilidades a los servidores de mayor rango en la SSP; Arturo Bermúdez y Nabor Nava.

Entre las pruebas en contra de Arturo Bermúdez, los padres señalaron que Marcos Conde, ex subdelegado de la delegación de Tierra Blanca estuvo preso en el año 2012 en el penal de Villa Aldama, tras ser sorprendido en la Ciudad de Medellín, portando un arma calibre 40, pese a que para entonces estaba dado de baja.

El infierno de Marcos Conde: desapariciones sistemáticas en Veracruz

13 familias recuerdan con horror el 11 de enero. En 2013 y 2016, ocho policías municipales y cinco estudiantes fueron desparecidos -en eventos distintos- por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP). El brazo ejecutor tiene nombre y está preso: Marcos Conde, comandante de mirada siniestra con permiso para exterminar en el gobierno de Javier Duarte.

El mismo modus operandi fue evidenciado en Úrsulo Galván y Tierra Blanca mediante videograbaciones y testimonios. Toda persona que los oficiales consideraban de actitud sospechosa era intervenida; una mirada, un apellido o una palabra era suficiente para que los hombres de Conde pulverizaran a sus presas o las entregaran a integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Incontables desapariciones forzadas se ejecutaron de manera sistemática entre 2012 y 2016, en seis delegaciones donde Marcos Conde fue designado como subdelegado. El 18 de enero de 2016, él y siete de sus escoltas fueron detenidos. A la fecha, los ocho exelementos permanecen recluidos y esperan sentencia en el penal de Máxima Seguridad de Gómez Palacio, Durango. Leer más...

Disculpa por caso Tierra Blanca, "un insulto público"

El nombre de Arturo Bermúdez enmudeció a las autoridades del primer círculo del gobierno de Veracruz. “¿Por qué no lo investigan por la desaparición forzada de nuestros hijos?”, preguntaron cinco familias. Pero el cuestionamiento levantó de la mesa a Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública y a Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General. Se marcharon del pueblo perseguidos por el silencio.

“No vamos a tocar otros temas que no sea una disculpa pública”, refirió Téllez Marié antes de leer el único punto que la actual administración acató sobre la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos (CNDH) tras la desaparición forzada de cinco jóvenes, el 11 de enero de 2016.

Lo anterior se registró el mediodía de este viernes 01 de septiembre, en el municipio de Playa Vicente, donde la tía de Bernardo Benítez Arróniz y José Benítez de la O -dos de los desaparecidos- ofreció su pizzería para recibir al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, quienes en palabras de las víctimas “nos agarraron de pendejos”. Leer más...

Además, te recordamos:

La historia que fabricó el gobierno de Duarte para sellar caso Tierra Blanca

El 18 de enero de 2016, cuando apenas habían transcurrido ocho días desde la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, la Fiscalía de Veracruz intentó sellar el caso con la fabricación de una escena, al presentar a las familias afectadas restos de perro disueltos en ácido y objetos personales de las víctimas, que nunca explicaron cómo fueron obtenidos.

Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general, preso por desaparición forzada de personas, notificó a las cinco familias en una reunión a puerta cerrada sobre el hallazgo de esos indicios en un predio ubicado entre Medellín y Huixcolotla, comunidades pertenecientes a Tierra Blanca, municipio donde policías estatales detuvieron arbitrariamente a los jóvenes el 11 de enero de ese año.

A las familias les presentaron objetos personales de tres desaparecidos que, según Bravo Contreras, se encontraron sobre la batea de una camioneta Chevrolet color blanco, donde además habían abandonado restos presuntamente humanos disueltos en tambos de metal.

Los indicios fueron: un reloj metálico color blanco marca Guess y unas gafas negras, propiedad de José Benítez de la O, un escapulario de metal de José Alfredo González Díaz y un rosario de oro que perteneció en vida a Bernardo Benítez Arroniz. Leer más...

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