Xalapa, Ver. - El próximo miércoles se someterán a votación los ajustes al presupuesto de egresos de Veracruz, que asciende a 128 mil millones de pesos. La votación de la propuesta del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, podría ser el nuevo motivo de disputa entre los grupos parlamentarios en el Congreso local.

Representantes de poderes públicos, organismos autónomos y descentralizados que sufrirán un ajuste a lo solicitado ya externaron su malestar, pues se pone en riesgo el sistema estatal anticorrupción, acciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia y la promoción de la cultura de la participación democrática, lo que es contrario al discurso del partido en el poder.

El pasado lunes 18 de febrero el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, entregó al Congreso el documento que fue revisado y ajustado en poco más de 50 días. La Legislatura había otorgado una dispensa de ley de 90 días para los cambios.

El documento que entregó el funcionario estatal plantea una reducción en torno al borrador que entregó Miguel Ángel Yunes Linares para el presente ejercicio fiscal, documento que se aprobó el 27 de diciembre del 2018.

Ese hecho ya generó reacciones de actores políticos, algunos como la Rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, desmintió un recorte a sus ingresos; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez, evitó polemizar, pero reconoció que el ajuste a la baja los obligará a hacer algunos reacomodos en su gasto de operación.

Por su parte, el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz mencionó que están analizando las adecuaciones al presupuesto y si se cumple con la obligación constitucional de otorgar el 1.5 por ciento del total de los ingresos estatales.

La Constitución Política del Estado garantiza la autonomía presupuestal de poderes públicos y organismos autónomos. Establece la obligación de otorgar el 2.5 por ciento de los ingresos anuales al Poder Judicial; el 1.5 por ciento del total del gasto público a la Fiscalía General del Estado (FGE); y un 4 por ciento a la Universidad Veracruzana (UV).

El proyecto de presupuesto que dejó el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares contemplaba más fondos públicos para los tres entes, sin embargo, en la revisión que hizo Sefiplan se les castiga.

Yunes Linares etiquetó dos mil 584 millones de pesos para el poder Judicial; en cambio José Luis Lima Franco ajustó el gasto a mil 930 millones de pesos, el impacto de la reducción es directo al gasto corriente.

La Universidad Veracruzana tenía programada la ministración anual de seis mil 199 millones de pesos; su gasto se recortó a cinco mil 153 millones de pesos. En el caso de la Fiscalía General el monto pasa de dos mil 45 millones de pesos a mil 554 millones de pesos, casi 500 millones menos.

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El OPLE levanta la voz

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), determinó reducir 61 millones de pesos al proyecto planteado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE). Con el ajuste se quedarán con 551 millones 190 mil pesos.

De ese total deben entregar 337 millones de pesos a partidos políticos como prerrogativas. El resto es para la operación del órgano, como el pago de salario y la renta de oficinas.

El 21 de febrero el Consejero electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, consideró un fuerte golpe a la construcción democrática bajar el presupuesto al órgano local.

El recorte equivale a un 22 por ciento de lo necesario para el gasto operativo de la institución electoral: “podría tener un impacto en actividades de promoción de la cultura democrática y actividades de construcción de una ciudadanía participativa”, afirmó en entrevista con medios de comunicación.

Las nuevas quejas

Este lunes 25 de febrero alzaron la voz los titulares de organismos públicos descentralizados que también recibieron ajustes al gasto, en especial porque se pone en riesgo el Sistema Estatal Anticorrupción y acciones para erradicar la violencia de género en el Estado.

Integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ofrecieron una conferencia de prensa y se quejaron de la reducción del 50 por ciento al presupuesto de este año.

Solicitaron la aprobación de 40 millones de pesos para ejercer a lo largo del 2019, pero el proyecto que será votado el próximo miércoles 27 de febrero contempla un gasto de 20 millones de pesos a lo largo del año.

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Vásquez Jiménez, comentó que las acciones que se promueven desde la SEFIPLAN son contrarias al discurso del gobierno federal de combatir la corrupción.

“Lo que nos dejaría en el sótano de los Estados con respecto a la aplicación presupuestal en el combate a la corrupción, siendo Veracruz -insisto- una entidad que ha sido lastimada por el tema de la corrupción en los últimos años”.

El SEA tiene una plantilla de 74 trabajadores, para su pago se etiquetaron 22 millones de pesos; además de que se proyectaron 5 millones 273 mil pesos para la renta del inmueble, entre otros gastos.

Vázquez Jiménez opinó que el recortar los fondos para todos los órganos integrados al Sistema Anticorrupción lo pone en riesgo, pues también se reduce el gasto del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis); la Contraloría General del Estado; el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAV).

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IVM también pide más dinero

La titular del Instituto Veracruzano de la Mujer, Yolanda Olivares Pérez, fue la segunda que se quejó ante los medios de comunicación por el recorte al presupuesto solicitado para el presente año, que obliga al mantenimiento y operación del refugio de mujeres víctimas de violencia, para el que se solicitaron 14 millones de pesos.

En su caso, se plantea un ajuste a la baja de 8 millones de pesos, por lo que lo etiquetado por los funcionarios de SEFIPLAN pasó de 29 a solo 21 millones de pesos.

La reducción que planteó Sefiplan es contraria a los principios de progresividad en materia de derechos humanos, por lo que organismos internacionales podrían reconvenir al Congreso y sancionarlo por la reducción.

El IVM solicitó 38 millones de pesos, sin embargo, la pasada administración lo ajustó a 29 millones 500 mil pesos y ahora Morena plantea un tercer recorte dejándolo en 21.5 millones de pesos.

El Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de la Mujer se sumó a las críticas por la reducción de los fondos para dicho organismo descentralizado, pues es contrario al discurso del Programa Cero Tolerancia a la Violencia de Mujeres que se presentó el pasado 25 de enero.

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