Xalapa, Ver. - Los señalamientos de corrupción en la operación de las estancias infantiles, que recibían subsidio federal, son una cortina de humo, ante el recorte del 50 por ciento de los recursos asignados para este año.

El malestar de los padres de familia y de los trabajadores era algo que se veía venir ante la reducción que se planteó en el proyecto de presupuesto que ya se ejerce.

La ex delegada de Sedesol en Veracruz, hoy diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, se deslindó de una supuesta “red de corrupción” que permitió asignar subsidio a guarderías a familiares y amigos.

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La priista retó a los legisladores de Morena, en especial a Rosalba Valencia, a comprobar sus dichos: “el que acusa está obligado a comprobar. Cuando yo fui delegada de Sedesol nuestra delegación, en aquel entonces, ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en transparencia”, insistió.

El 15 de febrero diputadas federales de Morena acusaron a la diputada Anilú Ingram Vallines, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de ser una de las funcionarias beneficiadas con los moches a las estancias infantiles en Veracruz, una de las entidades donde encontraron mayor corrupción en el programa.

La diputada Rosalba Valencia, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, acusó a Ingram Vallinez, quien de 2016 a 2018 se desempeñó como delegada de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Como ustedes saben, se están integrando las carpetas, pero les puedo proporcionar un nombre, Anilú Ingram, ella es una de las implicadas en esta red de corrupción”, comentó Valencia.

Durante la estancia de Ingram Vallines se dio de baja el subsidio a 16 estancias, que incumplían con la norma, respetando los derechos de los particulares.

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“No queramos meter una cortina de humo en el tema, y la verdadera defensa del tema, y yo lo dije en la aprobación del paquete económico en diciembre y lo dije en enero, es la reducción del 50 por ciento del presupuesto a las instancias infantiles”.

La medida administrativa, aseguró, tendrá un impacto negativo en contra de 30 mil menores veracruzanos y más de 315 mil niños y niñas a nivel nacional; se usa el discurso del combate a la corrupción para aminorar el impacto, ante el malestar ciudadano.

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