Xalapa, Ver.-Por acuerdo de Cabildo los ayuntamientos que reclaman participaciones federales al gobierno del Estado, con el respaldo de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueden acordar pagos por montos menores al total de los pasivos.

Así lo señaló el titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

El funcionario explicó que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez sí puede pagar en abonos a los ayuntamientos veracruzanos las participaciones federales que fueron retenidas en 2016, es decir al final de la administración de Javier Duarte.

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De acuerdo con Portilla Vásquez para no generar responsabilidades legales es necesario que primero se realice una sesión de Cabildo en la que se acuerde esta forma de pago de los recursos pendientes, aunque se debe de respetar el fallo de la SCJN por el monto total.

Hay que señalar que este miércoles, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, el auditor general dijo a los diputados de la comisión de Vigilancia que el Gobierno Estatal está obligado a acatar las sentencias por el monto total, pues de lo contrario podrían generarse sanciones.

No obstante, el funcionario ahora acotó que es posible realizar los pagos parciales, ante las dificultades financieras que atraviesa el gobierno estatal.

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“La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde a los Fondos del Ramo 33 se deben de pagar porque es una sentencia formulada. Aunque no debemos de olvidar que las finanzas del Estado, digámoslo así, están presionadas a través de sus ingresos.

“Por eso se pidieron 3 meses para lo que es el presupuesto de egresos y a lo mejor ajustarlo por los ingresos o por el análisis de la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto a los ingresos que recibirá”, recordó.

En ese sentido Portilla Vásquez reiteró que sí se pueden hacer pagos parciales de los adeudos con los municipios, siempre y cuando sea autorizado por el cabildo.

“Una vez que se autorice con Cabildo y se presente con Finanzas y convengan cómo van a pagar el monto total que fue determinado por la Corte entonces ese convenio debe de remitirse a la Suprema Corte de Justicia para que no haya una cuestión jurídica en contra de los servidores públicos del Estado o de la Secretaría de Finanzas y Planeación”, detalló Portilla Vásquez.

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