Xalapa, Ver.- En calidad de ciudadano, que exige resultados a las autoridades locales, León Vladimir Hernández Ostos presentó solicitud para enjuiciar políticamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, por declarar contra el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, a quien acusan de “pactar” la libertad de ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte.

El abogado, con especialidad en materia electoral, consideró que las declaraciones “sistemáticas” de parte del Ejecutivo y del funcionario estatal, representa un ataque al correcto despacho de un ente público, en este caso la Fiscalía General, organismo autónomo en Veracruz.

En clara defensa de Winckler Ortiz, quien también fungió como apoderado legal y abogado electoral de Miguel Ángel Yunes Linares, y extitular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Agricultura, acusó que el actuar de García Jiménez actualiza la hipótesis del artículo 13 de la ley de Juicio Político del Estado.

La legislación establece que afectan a los intereses públicos fundamentales y por consiguiente a su correcto despacho el ataque a los entes públicos.

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“En mi concepto se asume esta hipótesis, con las declaraciones que han estado haciendo tanto el Gobernador, como el Secretario sobre la permanencia del Fiscal General del Estado, en torno a la supuesta negociación de la ley y de la justicia con presuntos delincuentes”, reconoció ante los medios de comunicación.

El aspirante a magistrado electoral valoró que las declaraciones del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien reconoció un pacto con alcaldes para pagar un porcentaje de los fondos que se les deben desde el año 2016, implica el desacato a un mandato judicial, lo que implica un ilícito.

Al referirse a los motivos para enjuiciar a los diputados locales, argumentó que su intención de remover al Fiscal, basándose en la más reciente reforma a la Constitución, viola derechos adquiridos de Winckler Ortiz, sumado a que la Ley Orgánica de la Fiscalía General no incluye las causales por las que se puede remover.

“Hay una falta de completitud en el sistema legal, que es una obligación que tienen como legisladores”, replicó.

Al dar atribuciones a los diputados locales para remover al Fiscal Generar se duplican las facultades, pues la Ley ya contiene el Juicio Político. Con la más reciente reforma no se le permite defenderse, insistió ante los representantes de los medios de comunicación de la fuente legislativa.

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Disputa política de Morena y PAN se dirimen con juicios políticos

La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó una solicitud de juicio político contra el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, por amenazas en su contra.

“Entiendo que lo hace para recordarme cómo pueden manipular la ley a su antojo cuando les dé la gana, es para amedrentarme y obligarme a dejar de decir en tribuna lo que tengo que decir, pero lo seguiré haciendo desde el espacio que la gente me concedió, que es la tribuna”, declaró a medios de comunicación el 13 de diciembre, con lo que el titular de Segob suma dos solicitudes de juicio.

Por su parte, el diputado local Sergio Hernández Hernández, informó que se pidió enjuiciar a exdiputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ahora secretarios del Gobierno del Estado de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, Guadalupe Osorno Maldonado y Rocío Pérez Pérez.

Se les acusó de trastocar el funcionamiento del Congreso, luego de que los exdiputados tomaron las instalaciones del Congreso local los días 07 de agosto y 30 de octubre del 2018, con lo que impidieron el desarrollo de las actividades legislativas.

“Con las medidas violentas tomadas por los exdiputados, se trastocaron las actividades legislativas que tienen como fundamento la representación plural de la sociedad veracruzana en el Congreso local, así como las actividades administrativas que se desarrollan diariamente en la legislatura”, declaró al justificar su solicitud.

A los juicios políticos se les siguen procesos penales. El pasado 17 de enero se presentaron cuatro denuncias contra igual número de secretarios de despacho por el ejercicio indebido de la función pública.

En la lista se incluye al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; a la Contralora General, Leslie Mónica Garibo Puga; la Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado y la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, Soraya Prado Rivera.

Los cuatro funcionarios no cumplían con el requisito de ser originarios de Veracruz, pese a ello rindieron protesta de ley y fueron como titulares de despacho, y fue después de que entraron en funciones cuando se pidió la dispensa al Congreso local.

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