Veracruz, Ver.- Los ductos de gasolina que cruzan el estado de Veracruz no fueron cerrados por el gobierno federal en su combate al robo de gasolina, pese a que en administraciones anteriores esta entidad era considerada como foco rojo en la extracción ilegal del producto.

La administración local pasada, encabezada por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por la captura de Roberto de los Santos de Jesús, alias "El Bukanas o "el Bukana".

El presunto delincuente es identificado como un expolicía municipal de la localidad de Maltrata, en la frontera con Puebla, dirigente de una organización criminal dedicada al robo de combustible y asalto a trenes que pasan por el corredor de Acultzingo, en la sierra veracruzana.

Además, el anterior gobierno estatal señaló que esa agrupación disputa el liderazgo de ambos delitos con la banda denominada "Los Rosas", encabezada por Alonso Rosas Longino y Eligio Rosas Hernández.

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El miércoles, durante su intervención como coordinador de Senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera puso en duda la lucha contra el huachicoleo emprendida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que no hay explicación del cierre del ducto que surte a Michoacán, cuando tiene un reporte de 198 casos de tomas clandestinas durante el 2017, pero dejaron abiertos los de Veracruz, con más incidencia en ese delito, según información del Senado de la República.

Durante ese año, según Mancera, en la entidad veracruzana había reportes de 728 tomas ilegales, que subieron a mil 338 durante el 2018.

"No se cerró Veracruz. Veracruz tiene mil 338 tomas clandestinas, esto obviamente nos preocupa. La crisis se dio por incompetencia o por omisión".

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Los casos de sabotaje en contra de las tuberías de Petróleos Mexicanos son comunes en la entidad, tanto, que hay un pueblo, ubicado en la región de Córdoba, dedicado al robo de combustible. 

Se trata de Tetelzingo, que pertenece al municipio de Coscomatepec, en las faldas del Pico de Orizaba, allí, sin empacho, los habitantes ofertan la gasolina a orillas de carretera, sin que las autoridades hagan algo para frenarlo.

En los últimos dos años, sus pobladores se han enfrentado a disparos, al menos dos veces con la Policía Federal y la Municipal de Orizaba para impedir la detención de sus vecinos.

Una medida de presión que utilizan es manifestarse con niños y mujeres, tomando la caseta de Fortín de las Flores, en la autopista Córdoba-Orizaba, para obligar a las autoridades a liberar a los suyos.

Además, hay decenas de explosiones e incendios a lo largo del territorio veracruzano debido a la ordeña de gasolina, uno de los más graves fue el 24 de agosto del 2018, cuando lugareños de la región central montañosa de la entidad saqueaban el hidrocarburo tras sabotear un poliducto.

La explosión dejó destrozos en 14 vehículos, una persona muerta, ocho lesionados y varios desaparecidos, entre ellos menores de edad. 

En el 2014, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa contabilizó 113 mil kilómetros de ductos que atraviesan el estado de Veracruz en 98 de los 212 ayuntamientos que lo conforman.

En toda esa maraña de tubos hay población civil viviendo cerca que necesita reubicarse, advertían en ese entonces expertos de Protección Civil.

El actual gobierno de Veracruz admitió el problema de la ordeña, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, dijo durante un discurso en Coatzacoalcos el 2 de enero que utilizarán helicópteros para prevenir el huachicol en la entidad.

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