La Comisión de Puntos Constitucionales presentó el proyecto que se discutirá en el Pleno para buscar su aprobación sobre la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los integrantes de la Comisión turnaron el dictamen que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que sea La Guardia Nacional la encargada de prevenir y atacar el delito en todo el territorio mexicano dando garantía a la seguridad, la paz pública, la libertad y los bienes, además de actual como auxiliar del Ministerio Público.

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El análisis de la iniciativa se llevo desde el 11 al 13 de diciembre, realizando audiencias públicas en las cuales especialistas, académicos, integrantes de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, expresaron sus puntos de vista, inquietudes, cuestionamientos y recomendaciones a los integrantes de la Comisión de Puntos.

Entre las modificaciones, el dictamen explica que esta Guardia Nacional estará integrada por las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana.

Además, coadyuvará en el proceso la Fiscalía General y la Comisión Nacional de los derechos Humanos, con el respeto a la autonomía de ambas instituciones.

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Los integrantes expusieron que fue a partir del 2006 cuando el país empezó a atravesar por una crisis de violencia, inseguridad e impunidad que causa un sufrimiento social y amenaza con llevar al país a la inderogabilidad.

En el dictamen se explica que son tres factores principales que han agravado la violencia inseguridad e impunidad en el país: las políticas y medidas económicas implantadas desde hace 30 años; la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad; y la aplicación de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia.

Además señala que en los dos últimos sexenios los cuerpos civiles de seguridad pública no mejoraron, y la importante función se trasladó de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación con el apoyo de los cuerpos castrenses, y a 12 años de haberse establecido "la guerra contra las drogas", no se ha logrado recuperar la Paz Social, la seguridad pública ni la implementación de un efectivo Estado de Derecho.

Con información de La Silla Rota

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