Xalapa, Ver. - Para el presupuesto del año 2019 se van a destinar 4 mil 740 millones de pesos para el pago de la deuda pública que heredaron las últimas cuatro administraciones. Solo siete de cada 100 pesos se van a abonar a capital, el resto -93 pesos- se pagarán por concepto de interés y servicios de los créditos recontratados por la administración de Miguel Ángel Yunes.

El proyecto de presupuesto que remitió Yunes Linares al Congreso y que será aprobado antes de que concluya el presente mes, establece que, con la reestructuración de la deuda, se incrementará el abono a capital en poco más de 110 millones de pesos.

De igual forma aumenta el interés a pagar -en relación con lo que se destinó para ese concepto en el presente ejercicio fiscal-, de 3 mil 896 millones de pesos, que se están pagando actualmente, para el 2019 el monto será de 4 mil 319 millones de pesos, es decir 461 millones adicionales.

El aumento en el pago de interés equivale al gasto corriente anual de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, según el propio proyecto de presupuesto que se turnó a comisiones el pasado 27 de noviembre.

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Por concepto de servicio de la deuda se van a destinar 45 millones de pesos, monto mucho menor al que se pagó en el 2018. Se va a dar un aumento de 140 millones de pesos más, a lo que se etiquetó en el presente ejercicio fiscal de ese monto poco menos del 20 por ciento será para interés.

Cabe mencionar que para aprobar la reestructuración de la deuda el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió una reducción en el pago de interés y la amortización de la deuda se iba a bajar en 50 por ciento.

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El informe de la Cuenta Pública de 2017 que entregó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al Congreso local contiene un reporte especial de deuda pública y disciplina financiera, en el que se dan detalles del proceso de reestructuración que se inició en noviembre del año pasado.

La certificación que emitió un consultor que contrató la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), establece que la reestructura financiera no resuelve la crisis de la entidad, y determina que las amortizaciones se diseñaron de tal forma que el servicio de la deuda disminuyese al mínimo aceptable posible, al menos durante los próximos siete años, cuando el plazo de pago supera dos décadas.

Con lo anterior, a partir de 2025 el gobierno del estado, cualquiera que sea el partido que gane, tendrá los mismos problemas de solvencia económica que se generaron en 2016, cuando los bancos emplazaron a la Sefiplan a cubrir pagos extraordinarios para cumplir con la amortización y el abono de interés de los 41 mil millones de pesos, que adquirió Javier Duarte como parte de la última reestructuración de los pasivos del Estado.

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