Xalapa, Ver. -  Con estirpe judicial, Alma Aleida Sosa Jiménez ha destacado en los últimos dos años por ser la Juez que imputó a funcionarios de la administración de Javier Duarte, acusados de tráfico de influencias, coalición, incumplimiento de un deber legal y desaparición forzada, entre otros delitos que no requerían prisión preventiva. La mayoría de ellos ya están en libertad. Sus medidas cautelares fueron cambiadas por ser consideradas excesivas y mediante Amparos federales.

La funcionaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado es hija de Laurentino Sosa, juez que impuso cárcel al ex gobernador interino Dante Delgado Rannauro en 1994; fue encerrado por el presunto desvío de fondos por 450 millones de pesos. Pasó un año y tres meses encarcelado en las instalaciones del penal de Pacho Viejo y quedó absuelto de todos los cargos, con lo que se confirmó que su detención fue de índole política.

Aleida Sosa, pasará a la historia igual que su padre, como la responsable de encarcelar a un ex gobernador, en este caso Flavino Ríos Alvarado. El priista estuvo al frente del poder ejecutivo por un periodo de 48 días, y fue acusado de ayudar a escapar de Veracruz al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien lleva poco más de un año cuatro meses internado en el Reclusorio Norte.

La joven juez ha sido un “factor común” en la impartición de justicia contra los duartistas, que podrían quedar absueltos de su responsabilidad, no por su inocencia, si no por las deficiencias en el proceso legal que se les sigue, han coincidido abogados.

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Alma Aleida ya fue denunciada por los delitos de tortura, asociación delictuosa, falsas denuncias, abuso de autoridad, usurpación de funciones e incumplimiento de un deber legal, por Luis Ángel Bravo.

El ex fiscal del Estado, hoy preso del Penal de Pacho Viejo, interpuso la denuncia contra el titular de la Fiscalía General, Jorge Winckler, y algunos de sus subalternos, así como contra la Juez y el titular del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.

En la denuncia, que presentó su abogado Arturo Nicolás Baltazar el pasado 13 de noviembre, narró que la funcionaria justificó el actuar en su contra, con el argumento que eran órdenes de Edel Álvarez Peña, le recomendó recurrir a un amparo federal para obtener su libertad, ante lo viciado del proceso.

La polémica juez, recluyó a más de una veintena de duartistas, entre ellos funcionarios públicos y mandos policiales, señalados como responsables de un grupo de élite que desaparecía a jóvenes, presuntamente, ligados al crimen organizado.

La juez varía la sentencia por los mismos delitos

En el caso del ex gobernador Flavino Ríos Alvarado, logró salir en libertad tras la exhibición de una garantía económica por cinco millones de pesos como garantía económica y la entrega de su pasaporte.

Él fue enjuiciado por Alma Aleida Sosa; el 11 de marzo del 2017 determinó vincularlo a proceso por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, debía permanecer en la cárcel seis meses.

El 19 de marzo fue trasladado al Hospital Los Ángeles por presentar hipertensión arterial con un antecedente de preinfarto, y ello le valió para no regresar a su celda. Logró prisión domiciliaria y tras el pago de una fianza, se le permitió recobrar su libertad.

El 03 de diciembre, Mauricio Martín Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas de Javier Duarte, también obtuvo su libertad mediante un amparo federal. Fue la juez Alma Aleida Sosa Jiménez quien le fijó una garantía económica de 100 mil pesos, la restricción de no salir de México, y deberá acudir al penal a firmar asistencia cada quincena.

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El duartista fue detenido el 30 de marzo de 2017, lo acusaron por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y del presunto desvío de recursos. De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía General los 2 mil 300 millones de pesos desviados se habrían realizado en el periodo entre el 21 de junio del 2014 y el 17 de marzo del 2015, tiempo en que Audirac se desempeñaba como Secretario de Finanzas de Javier Duarte.

Sosa Jiménez sentenció a Francisco Valencia, y ella misma varió la medida cautelar contra el ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), quien seguirá su proceso judicial en libertad.  Cubrió una fianza, y tendrá que acudir a firmar cada 15 días a los juzgados en Pacho Viejo.

Valencia García fue detenido el 31 de marzo de 2017 y acusado de la comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición. La Fiscalía de Veracruz, lo responsabilizó de haber transferido de manera ilegal 215 millones de pesos en 2013, de la CAEV a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN); y 220 millones mediante la misma operación, en 2014.

Arturo Bermúdez, salió del penal de Pacho Viejo este 05 de diciembre; el pasado 08 de febrero se amplió su estancia en el Centro de Readaptación Social por el delito de desaparición forzada. Al ex titular de la SSP y a otros dos mandos, se les atribuyen 15 desapariciones perpetuados en el gobierno de Javier Duarte.

La jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, quien en otro momento consideró que el ex funcionario debería llevar el proceso privado de la libertad, ahora decidió dejarlo libre.

Bermúdez es señalado por víctimas indirectas y testigos protegidos de comandar desapariciones de jóvenes que eran relacionados con el Cártel de los Zetas. Antes se le imputaron delitos como tráfico de influencias, e incumplimiento de un deber legal. Pagó un millón de pesos para salir del penal.

En el caso del delito de desaparición forzada, la misma juez sentenció al ex director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, el ex director de penales, Óscar Sánchez Tirado, y 16 policías más.

La funcionaria del Poder Judicial también sentenció y liberó a Juan Antonio Nemi, ex secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte, Después de ocho meses de permanecer recluido en Pacho Viejo, le varió la medida cautelar a prisión domiciliaria en septiembre pasado, a consecuencia de su estado de salud.

Nemi Dib fue detenido el 23 de diciembre de 2017 en el estado de Puebla, se le impuso como sanción un año de prisión preventiva, al ser acusado de adjudicar 186.7 millones de pesos a la empresa "Gran Marca Proyectos SA de CV" encargada de realizar la construcción de la Torre Pediátrica en el municipio de Veracruz, obra que no fue concluida.

Por el mismo caso giraron orden de aprehensión contra Cesar Augusto Morando Turrent, propietario de Gran Marca Proyectos, S.A. de C.V. El empresario responsable de la construcción de la Torre Pediátrica obtuvo su libertad tras ganar un amparo federal para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, al calificar de excesiva la medida aplicada por una juez Alma Aleida Sosa.

El 04 de julio, Morando Turrent fue detenido en Veracruz y acusado del delito de fraude. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo señaló como responsable de anomalías en la construcción del ahora llamado Hospital del Niño veracruzano, que habría provocado un daño patrimonial al gobierno de Veracruz por casi 72 millones de pesos.

El 17 de noviembre de 2018, la juez Alma Aleida Sosa Jiménez cambió las medidas cautelares contra Turrent a la exhibición de un pago económico y la firma periódica cada semana en un juzgado del Estado.

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