Xalapa, Ver. – La mayoría de los integrantes de la comisión de Vigilancia del Congreso local validaron la asignación de contratos de obra pública que se entregaron al líder panista José de Jesús Mancha Alarcón, por más de 24.5 millones de pesos que entregó la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en 2017.

Con el respaldo de 35 de los 47 diputados presentes en la sesión extraordinaria de este viernes, se validó el dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública en el que se determina que la documentación que entregó personal de la Contraloría Interna era suficiente para explicar la entrega de los contratos de obra al líder panista.

El grupo de diputados emitió una minuta el 9 de octubre de este año en el que da por solventada la observación TP/021/2017/027 ADM que emitió el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por la construcción del camino Naranjal - Tezizapa, en el municipio de El Naranjal; y la pavimentación del camino Chinantla-Helio García Alfaro-La Horqueta, en el Municipio de Uxpanapa.

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Pepe Mancha engañó al gobierno

Funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, en ese entonces a cargo del senador Julen Rementería del Puerto, detallaron que la licitación se subió a Compranet, que es la red interna del Gobierno en la que se publicitan las obras que se van a construir. Las empresas interesadas remiten sus propuestas en sobre cerrado a la dependencia, detalló el presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso local, Juan Manuel Unanue Abascal.

El procedimiento no permite a funcionarios conocer quién participa, el nombre del dueño de la empresa o socios de éstas, incluso, firman una carta de conflicto de interés, lo que exonera a los funcionarios en la entrega del contrato a firmas con socios en común, tal como lo observó el Órgano de Fiscalización.

“Era solo una falta grave, la obra está concluida, no había daño patrimonial en esa observación. Nosotros, con elementos, pudimos solventarla”, detalló en entrevista previa a la sesión extraordinaria el legislador del PAN.

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El panista recordó que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen en donde se valida el procedimiento de asignación del contrato al líder de Acción Nacional en el año 2017.

En su informe el ORFIS observó la ilegalidad de contratos asignados por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, de Educación de Veracruz -a través de Espacios Educativos-, y de Desarrollo Social por un monto de 69.3 millones de pesos a cinco empresas del líder partidista con licencia.

Daño patrimonial por mil 113 mdp

Tras la votación del dictamen de la Cuenta Pública del año 2017, se determinó un daño patrimonial por mil 113 millones de pesos.

En el caso de los entes estatales el monto que observó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) fue de 338 millones 274 mil pesos, de esos sólo se justificó el manejo de un millón 184 mil pesos, por lo que el daño patrimonial de entes estatales en el primer año de Miguel Ángel Yunes es de 337 millones 89 mil 629 pesos.

El extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Joaquín Guzmán Avilés, no logró solventar el manejo de 500 mil pesos, pese a que el gobernador Miguel Ángel Yunes aseguró que contaban con los documentos para justificar la asignación de recursos para la compra de sementales.

La extitular de Sedesol, Indira Rosales San Román, hoy Senadora de la República, tendrá que explicar ante las instancias competentes el manejo de 4 millones 771 mil pesos; de parte de Protección Civil no se explicó el pago de montos adicionales al tabulador oficial a trabajadores de la dependencia estatal.

También se confirmó daño patrimonial en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; la Comisión de Agua del Estado; Servicios de Salud de Veracruz; así como los institutos tecnológicos de Las Choapas, Pánuco y Perote; y las Universidades Politécnica de Huatusco, y Tecnológica del Centro y Sureste de Veracruz.

A los municipios se les observó el manejo de mil 102 millones de pesos por 153 demarcaciones. Después de tres semanas, tras la solventación del manejo financiero el número quedó en 110 demarcaciones con presunto daño patrimonial por 776 millones 575 mil 658 pesos.

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