Xalapa, Ver.- José de Jesús Mancha Alarcón y Joaquín Guzmán Avilés, dos de los tres candidatos que buscan la dirigencia estatal de Acción Nacional, recibieron observaciones por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por irregularidades administrativas en la revisión de la cuenta pública 2017. Uno en calidad de empresario beneficiario de seis contratos de obra estatal, y el otro, como titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Las auditorías practicadas a la administración estatal, puso en la mira a los dos aspirantes panistas que, junto a Agustín Andrade Murga, iniciarán campaña el próximo 11 de octubre para convencer a los militantes panistas -más de 24 mil en el Estado-, de elegirlos.

Además de los señalamientos de presunto daño patrimonial, se denunció una elección de estado, en la que tanto el Ejecutivo, diputados locales y alcaldes, buscan interferir, a fin de mantener el cacicazgo de algunas familias.

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El pasado 17 de septiembre se emitió la convocatoria para la renovación de la dirigencia por un periodo de tres años. La jornada electoral se desarrollará el próximo 11 de noviembre, y los aspirantes tendrán un mes para promoverse entre la militancia.

El Artículo 42 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales, establece que la Comisión Estatal Organizadora de la elección del Comité Directivo Estatal, es la responsable de conducir, organizar, coordinar y dar seguimiento al proceso para la elección del presidente e integrantes del Comité Directivo Estatal.

El órgano de dirección, que se integró en el mes de agosto, lo preside Myzrain Eligio Castelán Enríquez, quien es representante de Acción Nacional en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE). Fue designado en ese cargo por José Mancha Alarcón, y será el responsable, junto con otros cuatro panistas, de organizar y calificar la elección interna.

Los señalamientos

El informe general de Resultados de la Cuenta Pública 2017 confirmó la relación de socios y representantes legales de las empresas Multiservicios El Elemento S.A. de C.V., Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V., Izal Inmobiliaria S.A. de C.V., así como E Innovadora en Medios S.A. de C.V., y Multimedios E Periodísticos, S.A. de C.V.

El Orfis corroboró que a esas cuatro empresas -presuntamente ligadas a José de Jesús Mancha Alarcón- le fueron adjudicados seis contratos por más de 70 millones de pesos en tres Dependencias del Gobierno Estatal: Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), como lo acreditó en un trabajo de investigación E-Consulta Veracruz.

Algunos de estos contratos se otorgaron vía adjudicación directa y otros por invitación a cuando menos tres personas, en cuyos procesos de selección compitieron las empresas entre sí.

Ese hecho es una violación a la Ley de Obras Públicas del Estado, “en virtud de existir presuntas faltas a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resultaren procedentes para obtener las mejores condiciones en la adjudicación de contratos”.

Ese hecho, deriva en faltas administrativas graves, previstas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “respecto de los servidores públicos y particulares que intervinieron en los procesos”, definió la autoridad de fiscalización.

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En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARPA), dependencia que hasta este lunes 01 de octubre dirigía Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, fue observada por el pago de 500 mil pesos a la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del Estado de Veracruz, que dirige Jesús Ortega Couttolenc.

En el caso del Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario FIVERFAP, administrado por la Sedarpa, se debe justificar el pago de 38 millones 28 mil pesos que se entregaron a productores y asociaciones campesinas del Estado.

El 01 de octubre el funcionario estatal presentó su renuncia al cargo, para poder participar en el proceso interno del albiazul.  Un día después ofreció una conferencia de prensa, en la que se dijo confiado en que se va a justificar el manejo financiero de los apoyos destinados al campo.

La aprobación de la cuenta pública se empatará con el proceso interno del Partido Acción Nacional, pues se debe aprobar antes del 30 de octubre, por lo que el dictamen que emita la comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz podría inclinar la balanza en la elección del nuevo comité directivo estatal.

Incluso, si los panistas son sancionados por el mal uso de los recursos públicos, estarían incumpliendo con el artículo 10 de los Estatutos de Acción Nacional, que establece que los militantes: debe tener un modo honesto de vivir.

Su normatividad interna, contempla una Comisión Anticorrupción, que tiene la facultad para prevenir e investigar posibles prácticas de militantes, funcionarios, dirigentes partidistas y servidores públicos emanados del Partido, consistentes en la utilización de sus funciones o medios, para obtener para sí o un tercero, beneficios económicos o de otra índole, distinto a los establecidos en ley, en perjuicio del partido, a la que se podría someter a los dos candidatos.

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