Quitarles las medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos agredidos y amenazados en México durante los últimos años, sería impensable, advierte la titular del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Patricia Colchero. Sin embargo eso es algo que podría ocurrir, ya que el presupuesto asignado este año, de 200 millones de pesos, está a 20 días de agotar sus recursos, sin tener cómo cubrir los tres meses que restan del año.

"En caso de que no se diera, lo cual no quiero ni siquiera pensarlo, no creo que podamos llegar a una situación así, pero tendríamos que retirar todas las medidas de protección el primero de octubre", alerta.

Entrevistada por La Silla Rota, Colchero explica que de quedarse el mecanismo sin recursos, eso significaría dejar sin medidas de protección a 702 personas y a 51 colectivos, dedicados tanto a la defensa de derechos humanos como al periodismo.

[relativa1]

El mecanismo, creado hace seis años, producto de una recomendación de los relatores de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha protegido durante el mencionado lapso a 950 personas, y en total suma 3 mil 500 medidas de protección a lo largo y ancho de todo el país. Pero los recursos que recibe el mecanismo operado por la Secretaría de Gobernación no están asegurados por ley, y el año pasado no recibió presupuesto y trabajó con remanentes, recuerda Colchero.

"El mecanismo se crea en un momento de mucha violencia, con una grandísima demanda y expectativa, es una actividad que en ningún otro lado estaban desarrollando. No teníamos el expertise para saber cómo se hace un análisis de riesgo y a un periodista y a una defensora de derechos humanos. Tuvimos que desarrollar una metodología y sólo Colombia tenía algo similar", añade.

Para este año el mecanismo recibió menos de lo que se solicitó. La titular del mecanismo considera que no es falta de voluntad política la falta de recursos, sino que no se tiene conocimiento de cómo se ejercen los recursos, en un país donde ser defensor de derechos humanos o periodista es una actividad de alto riesgo.

"Los 200 millones de pesos pueden parecer una cifra alta, para todo un año y una cifra suficiente. A lo mejor la Secretaría de Hacienda desconoce que se gastan 20 millones de pesos al mes y se van asignando las cantidades y es la dependencia la que asigna. La Cámara de Diputados hace el Presupuesto de egresos pero desde Hacienda y en las instituciones se va asignando el recurso. Lo que se requiere va creciendo porque aumenta el número de personas incorporadas. Tenemos 100 personas más con situación de violencia que vivimos de 2017 y 2018 en el mecanismo, hay que ver esa tendencia y tenemos proyecciones, no pedimos más allá de lo que necesitamos", remarca.

Por ello su propuesta es que por ley se le destine un porcentaje del presupuesto de egresos, tal como ocurre con la Comisión  Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y así asegurar recursos para el mecanismo.

Cuestionada sobre cuántos recursos requiere el mecanismo, responde que necesita por lo menos 126 millones de pesos, de octubre a abril de 2019, que es cuando se deposita el próximo recurso del próximo año, y necesitan cubrir los próximos seis meses.

A Colchero también se le pregunta sobre si el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya sabe de la importancia del mecanismo y de que cuente con recursos suficientes para proteger a defensores de derechos humanos y a periodistas. Contesta afirmativamente, que ya se ha reunido con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y quien será el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, quienes se han comprometido a fortalecer el mecanismo.

[relativa2]

CÓMO FUNCIONA

La funcionaria admite que no se conoce lo suficiente lo que hace el mecanismo y que hay que hacer difusión. Reitera que se creó por la situación de violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, dos sectores fundamentales  para poder avanzar en garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho.

“Son personas que denuncian públicamente, son las que están más expuestas porque son las que denuncian violaciones, corrupción e impunidad, entonces por supuesto tienen un nivel de riesgo muy alto"

Las medidas de protección son diversas, como las llamadas medidas de infraestructura que ayudan a fortalecer los espacios físicos de defensores y periodistas, de traslados y hay otro tipo de medidas como apoyo psicosocial.

“Quien ha enfrentado una agresión queda muy afectado, nos apoyamos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También están las medidas políticas, como poder hacer reuniones de trabajo con autoridades municipales, estatales o federales o incluso con particulares, por ejemplo cuando hablamos de megaproyectos, se hace labor de protección y vínculo; el mecanismo respalda la labor de estas personas", refiere.

Pero además el mecanismo ofrece apoyo en casos de desplazamiento interno, y que es una medida extrema.

"Es la última medida que tomamos cuando el riesgo es altísimo y la persona ya no puede permanecer en el lugar, hacemos una extracción y la mandamos a refugio, no tenemos muchos, afortunadamente, pero tienen apoyo de vivienda y alimentación y no dejamos a las familias separadas", concluye.

Con información de La Silla Rota

[relativa3]