Asociación delictuosa y lavado de dinero son los dos únicos delitos que la Procuraduría General de la República (PGR) acusa al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Las autoridades federales, al presentar dicha acusación, pidieron a un juez una condena para Duarte de Ochoa de 25 años de prisión.

Así lo detalla el documento que la fiscal federal Martha Estela Ramos Castillo entregó a las autoridades judiciales del Reclusorio norte el pasado 21 de marzo.

Dicha sentencia, detalla la fiscal, sería de 15 años de prisión, más 5 mil días de multa, por lavado de dinero.

Mientras que los 10 años restantes, más 300 días de multa, por asociación delictuosa.

De acuerdo con Reforma, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) presentó un total de 110 datos de prueba contra Duarte.

De este más de un centenar de pruebas, 72 son interrogatorios, 33 diversos documentos y cinco son series fotográficas, así como redes de vínculos.

Otra de las peticiones de las autoridades federales contra Javier Duarte es la reparación del daño y la suspensión de sus derechos políticos, es decir, el exgobernador no podría ni votar. 

La documentación de la PGR, según el diario capitalino, deja abierto a que se dé un "procedimiento abreviado", en el cual Duarte tendría que negociar con las autoridades federales y admitir parte de la responsabilidad en las acusaciones para que el Ministerio Público Federal retire alguna de las imputaciones.

Esto le ahorraría el juicio, la garantizaría una pena mínima y además un descuento de la tercera parte de la pena de prisión a su condena.

Este proceso ya lo han visto otras personas relacionadas con el caso Duarte, por ejemplo, las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes fueron condenadas a sólo 3 años con 4 meses de prisión para luego quedar libres el pasado 23 y 24 de agosto con el beneficio de la condena condicional.

Las 41 propiedades de Duarte

La PGR asegura que Javier Duarte blanqueó recursos del erario para comprar al menos 21 parcelas y otras 20 propiedades, entre departamentos, edificios, condominios y ranchos, a través de prestanombres.

Reforma precisa que las 21 parcelas se encuentran en Campeche, mientras que seis inmuebles más en la Ciudad de México, cinco en Quintana Roo, cuatro en Veracruz, cuatro más en Guerrero y uno en el Estado de México.

Las 21 parcelas tuvieron un costo de 439 millones 162 mil 979 pesos, de las cuales tres eran de José Juan Janeiro Rodríguez, el presunto "cerebro financiero" de Duarte.

Otras cuatro eran de Alfonso Ortega López, prestanombres confeso y hoy testigo colaborador de la PGR.

Nueve más pertenecían a Moisés Mansur Cysneiros, otro de los prestanombres del ex mandatario, y cinco de Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quien recién pactó con la PGR colaborar contra Duarte.

Tres de los seis inmuebles de la Ciudad de México estaban en Torres del Parque, del Fraccionamiento Bosques de Santa Fe.

Aún hay pendientes de decomiso en los inmuebles en Polanco y Lomas de Chapultepec.

Por su parte, en Quintana Roo hay asegurados cinco inmuebles de alto valor comercial en Cancún.

En Guerrero, Veracruz y Estado de México, también tienen pendiente de decomiso de propiedades.