El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) incluirá algunas recomendaciones a la Fiscalía General, la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, así como de Desarrollo Social, por los contratos asignado a las empresas propiedad de José Mancha Alarcón, líder estatal del PAN.

El Auditor General Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, descartó que se trate de una revisión especial a los contratos asignados a las empresas de las que es accionista el panista, pero si, se emitieron algunas observaciones.

“No son auditorías especiales, son informes especiales y en el caso de este tema abordamos unos comentarios de las auditorías que estamos terminando, de los contratos asignados, a las dependencias”, afirmó a los medios de comunicación.

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En junio pasado, E-Consulta Veracruz publicó una investigación en la que se demuestra que José de Jesús Mancha Alarcón, presidente en Veracruz del Partido Acción Nacional (PAN), recibió a través de cinco empresas contratos por 70 millones 86 mil 914 pesos de distintas instancias de gobierno, los cuales corresponden a licitaciones de obras públicas y convenios publicitarios en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

La Sedesol y Multiservicios El Elemento –una de las empresas ligadas al dirigente estatal- celebraron el contrato SEDESOL-DGISB-OP-006/2017, relacionado con la “Construcción de cuatro dormitorios para la Región Totonaca”, en diversas localidades de los municipios de Coatzintla y Papantla, por la cantidad de 7 millones 386 mil 031 pesos.

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En otro tema, el auditor recordó que el próximo 1 de octubre se realizará a entrega del Informe de la Cuenta Pública 2017 (la primera de Miguel Ángel Yunes Linares) en donde –adelantó- se detectaron irregularidades de tipo administrativo, y de recursos públicos por solventar.

Añadió que también hicieron informes especiales sobre temas que consideran, deben ser más amplios respecto a la muestra auditada, como la administración contable, y cómo se visualizó la entrega recepción y la próxima transición.

Finalmente, abordó el tema la concesión del Grupo MAS, y recordó que en el informe de la Cuenta Pública 2016 el ORFIS incluyó un análisis sobre la legalidad de la concesión, en donde determinó que sí hubo incumplimientos, modificaciones irregulares al título de concesión y falta de fundamentación.

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