La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó al cese de los linchamientos a presuntos criminales en diversos estados, al señalar que es una conducta violatoria de las garantías individuales.

En menos de 72 horas cuatro personas murieron tras ser atacadas por pobladores en Puebla e Hidalgo. Por ello, el ombudsman, Luis Raúl González, exigió acciones a las autoridades y castigo a los culpables.

Después de participar en la inauguración de la asamblea plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), en Guadalajara, Jalisco, apuntó que este tipo de actos son causados por la debilidad institucional en la procuración de justicia.

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“No son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano; eso no es justicia, esa es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones. Pero también hay que corregir las debilidades institucionales", expuso.

“Hay que condenar la debilidad institucional de que no haya sistemas de procuración de justicia, que no haya fiscalías autónomas, las 13 fiscalías que hay en las entidades federativas autónomas nada más cambiaron de membrete, hay una debilidad institucional, pero ninguna circunstancia puede propiciar que se comentan ese tipo de barbaries, porque son barbaries".

Consideró que la desesperación de las personas no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano.

“Porque vamos a caer en estado selvático, en donde lo que impere es quién puede más. Tenemos que darle a la sociedad, a esa sociedad indignada porque no hay procuración de justicia, respuesta fortaleciendo a las instituciones".

La CNDH ha emitido una recomendación al respecto para Puebla, entidad que es más proclive a este tipo de conductas.

Luis Raúl González adelantó que, entre septiembre y octubre, el organismo emitirá un informe sobre linchamientos en el país. En este documento dijo que se trabaja con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se incluirán propuestas con miras a que se conviertan en política pública, para evitar estas conductas y se fortalezca a las instituciones, con herramientas y capacitación a los operadores de la procuración de justicia.

Con información de La Silla Rota

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