Xalapa, Ver.- Luego de que fueran puestas en duda algunas pruebas bancarias que la Procuraduría General de la República (PGR) dijo tener para acusar a Javier Duarte por el delito de lavado de dinero, hoy se cumple el plazo que el juez otorgó para validar su acusación.

El proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, es hasta ahora el más avanzado, sin embargo, una falla de la PGR similar a la del caso Elba Esther Gordillo, haría que dichas pruebas quedaran invalidadas.

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El pasado 1 de agosto se dio a conocer que la PGR contaba con un plazo de 15 días para presentar por escrito la acusación y los datos de prueba, pues los fiscales del caso se habrían precipitado a extraer la información, sin autorización judicial previa, como en el caso de Gordillo Morales, defendida por el mismo despacho de abogados del que Duarte es cliente.

Fuentes ligadas al proceso, aseguraron que hasta el pasado viernes no había notificación formar de que la acusación se hubiera presentado ante el juzgado.

Cabe recordar que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que la PGR cumpla con este procedimiento, el juez de control citará a una audiencia para depurar las pruebas, que deberá llevarse a cabo en un plazo de 30 a 40 días.

En caso de que los fiscales no cumplan con el término establecido esta será comunicada por el juez de control al encargado de despacho de la PGR para que se pronuncie en un plazo de 15 días.

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El exgobernador de Veracruz se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México de manera preventiva, mientras se determina que existen pruebas suficientes para enjuiciarlo por los delitos que se le acusan: lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

Además, existen un par de órdenes de aprehensión pendientes en contra del exmandatario, una por el delito de desaparición forzada, y otra presentada por la FEPADE, por delitos electorales, en ambos casos, dependerá del gobierno de Guatemala.

También, la Fiscalía de Veracruz logró que un juez de la Ciudad de México iniciara dos procesos más contra el exgobernador, uno por el presunto desvío de recursos hidráulicos, y el uso ilegal de un helicóptero oficial.

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