Xalapa, Ver. – Las iniciativas ciudadanas que pretenden “echar abajo” los decretos presidenciables emitidos por Enrique Peña Nieto en el sentido de retirar las vedas en 300 cuecas del país, las cuales comprenden ríos veracruzanos, se entregarán al nuevo gobierno a fin de que estas sean analizadas.

El colaborador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (UV), Gerardo Alatorre Frenk, dijo que ya tienen las firmas requeridas para presentar la iniciativa a la cámara de diputados, ya que consideran que el proyecto presidencial perjudica a la entidad.

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Por su parte, Denisse García, quien trabaja en vinculación con la organización Vida AC, acusó que los inversionistas extranjeros que pretenden realizar proyectos de minería, extracción de hidrocarburos, hidroelectricidad y provisión de agua, exigieron al gobierno que se les dotara de protección jurídica para garantizar su acceso al vital líquido.

En este sentido indicó que los 10 decretos de Peña Nieto darían la disponibilidad de asignar o concesionar más de mil millones de metros cúbicos de agua al año, de los cuales, tan sólo en Pánuco se dispondrían 45 mil millones, situación a la que dijo “no se necesita ser demasiado inteligente para entender qué se pretende con esos decretos”.

Indicó que entre los cuerpos de agua que podrían verse afectados con la medida están los ríos Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, que son algunos de los que riegan a toda la entidad veracruzana.

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Asimismo, Alejandro Gallardo, activista integrante de Pueblos Unidos de la Cuenca por Ríos Libres, acusó que compañías -que dicen ser mexicanas- “Están acercándose a ejidatarios y tratando de comprar voluntades”; sin embargo, no descarta la posibilidad de que estas sean fantasma.

Indicó que han prometido empleos en Tuzamapa, crear infraestructura en las vías de comunicación y prometen computadoras. Además, intentan comprar terrenos de los ejidatarios

Por otro lado, Eduardo Cervantes de la Organización Civil Autogestión Educación Comunitaria (AUGE) opinó que los municipios deben oponerse a la realización de megaproyectos para la explotación del agua, pues de omitirse, en los próximos años nos enfrentaremos a “un desafío monumental para garantizar el abasto”.

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Añadió que desde el ámbito municipal hay instrumentos jurídicos para enfrentarse a la determinación presidencial, sobre todo en los que se refiere al permiso para cambio de suelo.