Xalapa, Ver. – Segundo lugar a nivel nacional en secuestros, con una cifra histórica en homicidios dolosos en las últimas dos décadas y al menos siete cárteles de la droga disputándose a muerte la plaza de Veracruz, es el escenario que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez heredará a partir del 01 de diciembre de 2018.

El próximo mandatario morenista ha pedido un plazo de dos años a los veracruzanos para percibir resultados sustanciales en materia de seguridad.  Es decir, el triple de tiempo que pronosticó el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en campaña y que terminó por cobrarle factura en las elecciones del pasado 01 de junio, debido a los números rojos.

Con base en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) Veracruz se consolidó en los últimos dos años como segundo lugar a nivel nacional en denuncias por secuestro. Entre enero y junio de 2018 se registraron 81 víctimas de plagio, el mismo número que reportó Tamaulipas; solo por debajo del Estado de México con 87 agraviados. 

En cuestión de homicidios dolosos, la entidad vivió en 2017 su año más violento desde 1997. En 12 meses 1 mil 844 personas fueron asesinadas. Las mismas cifras oficiales reflejan que las víctimas se duplicaron y triplicaron con Yunes, en comparación con los peores años de las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera, 2010 y 2016 respectivamente.

Pero no todo termina ahí, a pesar de que la presente administración declaró una “guerra” a los grupos de la delincuencia organizada -anunciando en espectaculares nombres y fotografías de los presuntos líderes de esas agrupaciones y ofreciendo recompensas millonarias, boletines sobre detenciones y crímenes firmados en cartulinas dan crédito de al menos siete cárteles que operan de norte a sur de la entidad.

Se trata del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, Zetas Sangre Nueva, 35 Zeta, Zeta Vieja Escuela, Grupo Sombra y Cartel del Golfo. Supuestos integrantes de estas células, propiciaron la muerte de civiles y de algunos policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dependencia que hasta marzo de 2018 reportó la muerte de 10 oficiales, en la solicitud de información folio 007253181.

Lo anterior, sin contar el asesinato de Juan Camilo Castagné Velasco, ex coordinador estatal de la Policía Federal, quien fue acribillado el 24 de junio de 2017 junto a uno de sus colaboradores en el restaurante ‘La Bamba’, en Cardel, municipio de La Antigua. Por este hecho fueron detenidos 10 presuntos integrantes del CJNG.

Cuitláhuac García ya anunció a dos de sus próximos jefes de despacho, pero no a quien será secretario de Seguridad. El mandatario electo reconoció que el nombramiento no será tarea fácil. En entrevista con E- Consulta Veracruz dijo que el elegido “deberá soportar billetazos y balazos del crimen, y que no necesariamente será un militar” (sic). 

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La guerra de Yunes que apiló muertos y atentó contra su secretario de Seguridad

“A partir de hoy quienes van a tener temor son los delincuentes, no los ciudadanos”, advirtió Miguel Ángel Yunes Linares, el 12 de diciembre de 2016, en el municipio de Poza Rica. Su experiencia como director general de Prevención y Readaptación Social y subsecretario de Seguridad Pública entre 1999 y 2000 eran su carta de presentación.

Sin embargo, los reportes de violencia sacudieron el estado y en cuestión de meses Yunes solicitó el apoyo de fuerzas federales como la Secretaría de Marina, Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Gendarmería Nacional.

La inseguridad en la administración de Yunes Linares, alcanzó niveles insospechados el 31 de enero de 2017, cuando tres elementos de la Secretaría de Marina fueron privados de su libertad en el Infonavit Buen Vista del puerto de Veracruz. Lo anterior, fue acreditado por la propia Semar en un comunicado.

La última referencia de los marinos fue en la comunidad de Arbolillo, Alvarado, en la parte trasera de un rancho que desemboca en el Golfo de México. Allí se encontró una fosa clandestina con al menos 47 cadáveres, donde se presume fueron inhumados.

Ante el incremento de la incidencia delictiva, vino un segundo amago de las autoridades estatales, esta vez respaldadas por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien el 28 de abril de 2017 dijo, “tenemos identificados a los criminales y vamos por ellos… Los delincuentes que operaban en esta zona van a encontrar una respuesta contundente de las instituciones”.

El mensaje fue emitido cuando los gobiernos estatal y federal anunciaban el operativo de seguridad de las Altas Montañas, que contemplaba la presencia de la Gendarmería Nacional en la zona centro de Veracruz. Sin embargo, la alianza no disminuyó los niveles de inseguridad y ubicó a Córdoba como el segundo municipio -de 212 en la entidad- con más asesinatos en 2017.

Solo cuatro días después del anuncio de Osorio Chong -el 01 de marzo de 2017- una nueva respuesta llegó por parte de la delincuencia organizada con el abandono de 11 cuerpos desmembrados en el fraccionamiento La Tampiquera, en Boca del Río, entonces gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual mandatario estatal.

Sin embargo, lo peor estaba por acontecer. El 20 de junio de 2017, Miguel Ángel Yunes anunció una recompensa de 1 millón de pesos por información que llevara al paradero de Ricardo Pacheco Tello, alias "El Quino", a quien señaló como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Habían pasado unas horas desde el anuncio de Yunes Linares, cuando trabajadores de una empresa de publicidad fueron agredidos a balazos mientras colocaban una lona con la fotografía de "El Quino", en el municipio de Boca del Río

Ese mismo 20 de junio, los cuerpos de tres personas cercenadas fueron abandonados en bolsas negras frente a las oficinas del secretario de Seguridad Jaime Téllez Marie. De las extremidades pendían cartulinas donde se leían amenazas de muerte contra él, quien además fue relacionado con el cartel de Los Zetas. Tras esos hechos el servidor público fue blindado con escoltas.

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El mensaje más significativo de la delincuencia organizada se cometió el 24 de junio de 2017, cuando, Juan Camilo Castagné Velasco, excoordinador estatal de la Policía Federal y uno de sus colaboradores fueron asesinados a quemarropa en el restaurante de mariscos "La Bamba", en el municipio de La Antigua.

En cuestión de jerarquías, Castagné Velasco, estuvo a la par del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez. En un año de labores participó como estratega en la captura de líderes de la delincuencia organizada y en la desarticulación de bandas dedicadas al secuestro y al robo de combustible (huachicoleros).

Solo ese 24 de junio junto al crimen de Castagné se cometieron 20 asesinatos en 24 horas. Entre las víctimas hubo cuatro niños: Joselin, Ángel, Daniel y Guadalupe; de tres, cuatro, cinco y seis años respectivamente que recibieron el “tiro de gracia” mientras miraban la televisión, al igual que sus padres.

“No vamos a permitir que impongan su ley en Veracruz, no vamos a permitir que la delincuencia organizada gobierne en Veracruz (…)"No nos estamos enfrentado a seres humanos, nos estamos enfrentado a bestias, a cobardes, a viles”, espetó el mandatario.

Capos de la droga cayeron, pero solo proliferaron más grupos 

El 29 de junio de 2017, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) capturaron en Villahermosa, Tabasco al presunto jefe de Los Zetas al sur de Veracruz, Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H” quien fue acusado de ordenar el asesinato de seis integrantes de una familia, en la colonia Nueva Calzadas, Coatzacoalcos, entre ellos cuatro niños.

Un día después, el 30 de junio Yunes Linares confirmó el abatimiento de Ricardo Arturo Pacheco Tello, alias “El Quino”, supuesto jefe del CJNG y presunto autor material del asesinato de Juan Camilo Castagné. “El Quino” fue ultimado en Puebla, tras un operativo implementado por la Secretaría de Marina.

Tras el doble golpe del gobierno federal contra los grupos de mayor dominio en Veracruz, Zetas y CJNG, Yunes pronosticó una reducción en los crímenes de alto impacto, sin embargo, la muerte alcanzó a niños, empresarios, estudiantes, profesores y comerciantes.

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Con base en cifras del SNSP, durante los primeros 14 meses del gobierno de Yunes 73 menores -de entre cero y 17 años de edad- fueron asesinados en Veracruz: 41 de ellos perdieron la vida por arma de fuego; 10 por arma blanca; y 22 murieron asfixiados, estrangulados o sus cuerpos fueron hallados en estado de descomposición.

Si bien, en los reportes más recientes del Grupo de Coordinación Veracruz -encargado de evaluar la incidencia delictiva en la entidad- destacan una disminución en crímenes de alto impacto, como asesinatos y secuestros, ello no evita que Veracruz registre en 2017 y lo que va de 2018 los peores números en homicidios dolosos y que por segundo año consecutivo -aún con menos secuestros que en 2017- comparta con Tamaulipas el segundo lugar a nivel nacional.

Aunado a lo anterior, al menos seis grupos de la delincuencia organizada reportaron actividad a lo largo del Estado. En el norte, el Grupo de Coordinación Veracruz reportó delitos relacionados a Los Zetas, la 35-Z, CJNG y Grupo Sombra, brazo derecho del Cartel del Golfo, según la autoridad estatal.

Fueron integrantes del Grupo Sombra, con presencia en los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Coatzintla y Tihuatlán, quienes, en vísperas de navidad repartieron en vehículos cenas y bebidas en colonias del norte del estado.  “Estas cenas fueron auspiciada por Fuerzas Especiales Grupo Sombra, Felices Fiestas” se leía en cartulinas.

En el sur de la entidad, la pugna la han protagonizado supuestos integrantes del CJNG, Zetas y Zetas Vieja escuela. Tras la detención de Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H” la plaza en el sur de Veracruz se juega a muerte y como saldo consolidó a Coatzacoalcos como el municipio más mortífero en 2017, con 102 asesinatos entre enero y noviembre de ese año.

En el centro del Estado la disputada por la plaza, según registros oficiales y periodísticos, se ha dado entre Zetas, CJNG y Zetas Sangre Nueva, esta última célula integrada por supuestos lugarteniente de Roberto de los Santos de Jesús alias “El Bukanas”, capo por quien el gobierno de Veracruz ha ofrecido hasta 5 millones de pesos por noticias sobre su paradero.

Al grupo Zeta Sangre Nueva se le relaciona con el robo a trenes en la zona limítrofe de Veracruz y Puebla, incluido el presunto sabotaje del pasado 19 de mayo, que provocó el impacto de 39 vagones en el patio ferroviario de Río Blanco. Las pérdidas, solo por el destrozo de tres locomotoras, fueron estimadas por Ferrosur en los 7.5 millones de dólares.

A estos hechos se suma el motín en el penal de La Toma, en Amatlán, que dejó un saldo de siete policías muertos y varios heridos. El gobierno de Veracruz señaló que la gresca derivó durante el traslado de cuatro reos relacionados con Los Zetas y el CJNG: El Cachorro, El Chichis, El Viejón y La Paloma. En tanto, fuentes consultadas por este medio, sostuvieron que todo se desató tras la irrupción de policías estatales y municipales en el penal, cuando se llevaba a cabo una fiesta en el nivel 3 del edificio E, organizada por José Luis “N”, alias “El Chon”, uno de los reos más temidos en ese lugar.