Xalapa, Ver. – En vísperas de las elecciones en Veracruz dos detenciones que el Gobierno estatal anunció de manera mediática se vislumbran lejanas a consolidarse. Se trata de la exprimera dama Karime Macías y de Jessica Moreno Torres, excuñada del candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador; ambas señaladas por desvío de recursos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la detención con fines de extradición de estas dos mujeres refugiadas, según información oficial refugiadas en Inglaterra y en los Estados Unidos de América, respectivamente. Sin embargo, dichas peticiones no han sido atendidas por el gobierno federal. 

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El 19 de abril de 2018 -en medio de una afrenta política entre el gobierno de Veracruz y el abanderado presidencial de MORENA- el fiscal general Jorge Winckler anunció cargos contra Jessica Moreno Torres, exoficial mayor de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV) y expareja de Arturo López Obrador, hermano Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el titular de la FGE, Moreno Torres es acusada de un daño patrimonial estimado en los 100 millones de pesos que habrían sido empleados en actos de corte político electoral en Veracruz y a nivel nacional, durante la administración de Javier Duarte, en 2016. 

Winckler Ortiz pidió a la PGR la emisión de una alerta migratoria y la publicación de una ficha roja para los efectos la detención con fines de extradición, al asegurar que la exfuncionaria se ocultaba en el estado de Texas.

De acuerdo con el titular de la FGE, en mayo de 2018 se inició una carpeta de investigación contra Moreno Torres, derivado de una denuncia del entonces contralor Guillermo Moreno Chazarini. Y dijo que la exoficial Mayor autorizó contrataciones de servicios de la SEV a una empresa que daba el servicio de limpieza, probablemente fantasma.

Aseveró que mediante 42 cuentas bancarias que no fueron incluidas en los registros contables de estados financieros del ejercicio 2016 se realizaron transferencias bancarias y retiros sin que se cuente con la documentación que soporte las transacciones. Lo anterior, dijo el procurador, fundamentado en una contraloría interna de la SEV.

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Un dato que desató polémica fue que Winckler Ortiz no descartó la posibilidad de que Jessica Moreno pudiera obtener el beneficio de testigo protegido y declarar los fines que tuvo el dinero que presuntamente se desvió durante su gestión.

Políticos de oposición no descartaron una acción mediática contra Andrés Manuel López Obrador.

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Para el 28 de mayo del año corriente, la Fiscalía de Veracruz realizó la misma solicitud a la PGR, pero esta vez su objetivo era Karime Macías, acusada por la comisión del delito de fraude específico en perjuicio del patrimonio del Gobierno de Veracruz, por un daño patrimonial superior a 112 millones de pesos.

Un día más tarde, con videos y fotografías obtenidas sin la autorización de Karime Macías, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó que la expresidenta del DIF, se escondía en Wilbraham Place, un barrio exclusivo de Londres, Inglaterra.

El anuncio nuevamente fue cuestionado por juristas como un evento mediático, al asegurar que con ello se le daba aviso a la exprimera dama para darse a la fuga. A esas críticas el mandatario contestó: “Hay quienes quieren que la justicia entre en veda electoral, les decimos con toda claridad no hay veda electoral, no se puede perder un solo minuto”.

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El 20 de junio, Yunes Linares transmitió a través de sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que la solicitud de la Fiscalía veracruzana había sido aprobada por la PGR, y vaticinó una aprehensión de la exprimera dama. Pero bastaron unas horas para que su anuncio fuera desmentido por la PGR.

El periódico El Universal publicó una nota en el que aseguraba que la dependencia no había solicitado tal detención al gobierno británico. Tras haberse publicado esta información, Yunes hizo una nueva transmisión en la que aseguró que el mismo encargado de la PGR le aseguró en una reunión el pasado 4 de junio, que había solicitado el requerimiento, y que se lo confirmó el 11 de junio a través de mensajes de texto.

 “No voy a entrar en debate con la Procuraduría. Simplemente, si el señor encargado no ha solicitado la detención con fines de extradición, es momento de que la solicite, a mí me indicó que ya la habían solicitado y me explicó el procedimiento muy amablemente”, se limitó a informar el ejecutivo.