Xalapa, Ver.- El decreto gubernamental por el que se asignan 5 millones de pesos al Fondo de la Comisión Estatal de Búsqueda, figura como una simulación ante la obligación que tiene el Gobierno de realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales para garantizar su funcionamiento, tal como lo marca la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El pasado lunes se publicó en la Gaceta Oficial, la instrucción del Gobernador Miguel Ángel Yunes para que la Secretaría de Finanzas y Planeación transfiera a la Secretaría de Gobierno, los cinco millones que se ofrecieron como recompensa para dar con el paradero de Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal General del Estado.

La medida administrativa fue considerada por Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito Veracruz, como una “limosna”, sobre todo por que dicha Comisión parte de cero y es necesario dotarlos de personal y equipo de alta tecnología, así como con gente especializada en medicina forense y criminólogos.

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Con decretos se quiere resolver el tema de los desaparecidos

La comisión local de búsqueda, es de utilería y los 5 millones asignados para hacerla funcional son solo un paliativo, en un intento del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de deshacerse del problema que le significa el tema de los desaparecidos, en especial porque hace un año que no realizan diligencias para localizar a personas reportadas como no localizadas hasta el año 2017, opinó Díaz Genao.

A pesar de que en Veracruz el Congreso local no ha armonizado Ley General, el pasado 3 de mayo se creó -por decreto gubernamental- la Comisión Estatal de Búsqueda, órgano contemplado en la ley general, y que debe ser la responsable de los trabajos de localización de personas desaparecidas.

En el documento publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 178, se establecieron plazos de 60 y hasta 90 días para estructurar la Comisión, integrarla a la Secretaría de Gobierno y nombrar a un Consejo Estatal Ciudadano, que apoyará en la búsqueda.

Lo que se publicó, evidencia que sólo se copió la Ley General que entró en vigor en noviembre del 2017, y que el Congreso de Veracruz no ha hecho su trabajo, pese a que hay dos propuestas de armonización de diputados de Acción Nacional y Morena.

Incluso, se desarrolló un foro y se ha dado la participación de los colectivos en búsqueda de desaparecidos, para generar una ley que permita atender la catástrofe que se padece en Veracruz.

En el artículo tercero transitorio, del decreto de mayo de este año, se obliga a la Secretaría de Gobierno a disponer, conforme lo considere pertinente, de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, para el funcionamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y el Consejo Estatal Ciudadano, en un plazo de 60 días naturales.

En tanto se da el proceso de nombramiento del titular de la Comisión, se designó desde el Ejecutivo a Juan José Niño Tejedor como encargado, quien también atiende temas relacionados con las dos alertas de género que emitió la Conavim, y apoya en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Limosna” de 5 millones de pesos sólo sirve para gastos operativos de la Comisión

Este lunes, Yunes Linares emitió una nueva disposición por la que se crea el Fondo de la Comisión Estatal de Búsqueda, al que se le asignaron los 5 millones de pesos que se ofrecieron como recompensa para dar con el paradero de Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal del Estado, que fue detenido el domingo 17 de junio y a quien se le imputan diversos delitos, entre ellos, desaparición forzada.

En el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona -de donde se copió la estructura de la comisión local-, establece que las Entidades Federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para crear la Comisión.

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En las consideraciones del decreto, publicado el 18 de junio, el gobernador Miguel Ángel Yunes argumentó que dado que la captura se dio por los trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía General del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado no se obligó a emplear los recursos etiquetados para la recompensa, por lo que dispuso de los recursos públicos para crear el fondo, ante su obligación de proveerlo de un presupuesto.

La Comisión Estatal de Búsqueda es un área de nueva creación adscrita a la Dirección General de la Secretaria de Gobierno. Los recursos públicos se manejan desde la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno, por lo que es necesario transferir esos fondos a la dependencia que dirige Rogelio Franco.

La integrante de Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Genao Díaz, consideró que la asignación de los cinco millones de pesos, es prácticamente una limosna, así como se hizo con la Comisión Estatal de Víctimas, a la que se le etiquetaron sólo 6 millones de pesos, monto que solo permite sufragar los gastos operativos.

“Yunes está equivocado (…) no tiene idea de lo que conlleva (la búsqueda), no nos da buena espina, a esa comisión se le tenía que dar un presupuesto robusto, porque empieza de cero, necesita vehículos, personal, necesita invertir en tecnología, incluso, en temas forenses, en temas de criminología, es un gasto bastante fuerte”, opinó en entrevista con E-Consulta Veracruz.

La activista recriminó la asignación de los cinco millones de pesos, al recordar que Yunes Linares tiene un reloj mucho más caro, y que gastó 10 millones de pesos, para promover su imagen en redes sociales.

El monto asignado, por decreto gubernamental, reiteró, es sólo un paliativo, pues la comisión requiere al menos 20 millones de pesos para poder arrancar.

Marrullería crear una Comisión, sin ley local

Sobre la validez de la Comisión, que se creó con base a un documento publicado en la Gaceta Oficial, consideró que la medida fue una artimaña del Ejecutivo, para resolver la exigencia de los Colectivos previo al proceso local, pues es evidente que el tema se está usando de manera electorera.

“Ellos hicieron ahí una marrullería, porque aún no está la ley armonizada, se está trabajando mucho, quisieron deshacerse del problema, y pusieron ahí a un comisionado que lleva otras dos comisiones, es Niño Tejedor, es evidente que no está para resolver el problema de nadie”, consideró.

Añadió que se hizo un uso faccioso de la ley y crearon una seudo comisión “de utilería y ficticia”, sobre todo cuando la investigación de al menos 150 casos, reportados a partir de enero, lo hacen los policías, algunos de ellos vinculados a las desapariciones, lo que es una burla para los colectivos.

Lo ideal, consideró, era esperar a armonizar la Ley Federal para luego crear la Comisión y asignarle un presupuesto digno, para garantizar su operación eficiente, que logre incluir casos de años anteriores. Y es que desde hace un año no se hacen diligencias para localizar a personas desaparecidas.

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