Xalapa, Ver.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que rindió protesta este miércoles 13 de junio, es un órgano de control de papel, pues no cuentan con infraestructura física ni presupuesto para operar. Su funcionamiento está sujeto a la voluntad de la clase política y a la disposición económica del gobierno estatal.

El Congreso de Veracruz validó en octubre del año pasado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, pese a que se crearon una serie de órganos de control, no se etiquetaron los recursos públicos para hacerlo funcional.

La ley obliga a crear una Fiscalía Especial Anticorrupción, un Tribunal de Justicia Administrativa y el nombramiento de cinco veracruzanos que se integrarían en un Comité de Participación Ciudadana.

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En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dispuso de fondos de reserva para la asignación de un presupuesto de 96 millones 486 mil pesos.

El ahora presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vásquez Jiménez, reconoció que dicho órgano existe sólo en papel, pues no tiene ni oficina, ni recursos públicos para cumplir con sus obligaciones de ley.

En entrevista en el Museo de Antropología de Xalapa, en el marco de su toma de protesta, explicó que una prioridad es definir dónde van a despachar y van a buscar al titular de la Sefiplan, para conocer si tiene disposición presupuestal para apoyarlos con fondos públicos.

Aún no saben cuál es el monto necesario para operar en los siguientes seis meses, en tanto la próxima Cámara valida el gasto anual del Estado para el ejercicio fiscal 2019, en el que tendrá que incluirlos.

El Comité se tendrá que vincular con los 212 municipios, lo que obligará a que les den un presupuesto alto, ante la dispersión y el número de demarcaciones, consideró el también Contador Público.

“Se necesita crear una gran vinculación con la ciudadanía y eso requiere recursos públicos. No hay recursos y lo tiene que aprobar el Congreso del Estado, se tiene que coordinar con la Sefiplan”, detalló a medios de comunicación.

Los integrantes son: Sergio Vásquez, también fue electo José Emilio Cárdenas Escobosa, Alma Delia Hernández, Antonio Muñoz de Cota Sampiery y Mercedes Santoyo Domínguez.

El Comité de Participación Ciudadana será el vínculo con las organizaciones sociales e instituciones académicas de la entidad para proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar las acciones gubernamentales para la detección, prevención y sanción de las faltas administrativas y los actos de corrupción.

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¿Quiénes son los integrantes del Comité?

El presidente del Comité, Sergio Vázquez Jiménez, se desempeñó como tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y fue también presidente del Colegio de Notarios, que estará en el cargo por un año.

Por un periodo de dos años fue nombrado José Emilio Cárdenas Escobosa, que fue director de prensa de la Coordinación General de Comunicación Social del Estado en 2014 y es economista por la Universidad Veracruzana (UV).

En el caso de Alma Delia Hernández Sánchez, es académica del Colegio de Veracruz (Colver), cuenta con maestría en Comunicación Corporativa y Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, y ha sido Subdirectora de Extensión y Vinculación del Colver, y fue encargada de Información en la Dirección de Radio de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Veracruz en 2010, así como en la coordinación de Asesores de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Veracruz. Ella estará en el Comité durante tres años.

Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampieri, es actualmente presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, y fue nombrado por cuatro años.

Mercedes Santoyo Domínguez, fungió como jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad Veracruzana (UV), y estará en el cargo durante cinco años.

Las funciones del comité de Participación Ciudadana

Los ciudadanos tienen dentro de sus atribuciones opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas integrales; pueden crear proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

Deberán crear proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital Estatal; Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley.

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja; Podrán opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal.

Además, deben promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativa, entre otras.

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