Cuatro días antes de iniciar el gobierno de Javier Duarte de Ochoa quedó formalmente constituida en Veracruz la empresa ASISMEX, señalada por financiar ilegalmente al PRI en la elección 2012, y cuyos propietarios, accionistas y representantes legales lo son también de 57 empresas fantasma que fueron beneficiadas por el exgobernador con 3 mil 617 millones de pesos durante toda su administración, a través de contratos.

Estas 57 empresas forman parte de una red de 400 empresas fantasma en donde los nombres de los dueños, prestanombres y representantes legales, así como comisarios y notarios que avalaron su creación, coinciden, y además tienen un hombre en común: un contador público llamado Víctor Manuel López Gachuz.

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Este jueves fue publicada una segunda entrega sobre la investigación que realizó Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad, en la que se detalla la red y vínculos entre el desvío millonario durante el sexenio de Javier Duarte, el financiamiento ilegal para la campaña electoral del PRI en 2012 a través de un “sofisticado e ilegal” mecanismo de financiamiento que tuvo lugar principalmente en Veracruz.

En ese contexto, el reportaje explica que antes de la elección 2012, el gobierno de Duarte aportó 643 millones de pesos a 19 empresas fantasma con la autorización del entonces director de administración del DIF Estatal bajo la titularidad de Karime Macías, Tarek Abdalá, quien a cuatro meses de la elección federal, fue ascendido como tesorero de la Secretaría de Finanzas. A partir de ese momento, los pagos a empresas fantasma “se multiplicaron”.

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Todos esos recursos, fueron entregados a la red de empresas fantasma que junto con ASISMEX (11 reconocidas por INE tras la divulgación de la triangulación de recursos que benefició al PRI) conforman el “corazón” de la “red Gachuz”, el contador público que avaló la conformación de las 400 empresas que se usaron para desviar u ocultar dinero público de Veracruz en el sexenio duartista.

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