Xalapa, Ver. - El anuncio de una orden de captura contra Karime Macias de Duarte, expresidenta del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), podría ser sólo de índole político. Su cargo fue honorario, esa categoría no le permitía el manejo de fondos, no se le puede fincar responsabilidad como servidor público.

La Fiscalía General del Estado (FGE) debe fundamentar cualquier investigación en una denuncia presentada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en este último caso, ante la Procuraduría General de la República (PGR), opinó la diputada Daniela Griego.

Este domingo el Fiscal General, Jorge Winckler, anunció la emisión de una ficha roja de búsqueda y captura contra la expresidenta Honoraria del DIF de Veracruz en el periodo 2010-2016, por el mal manejo de 112 millones de pesos.

En la reunión no se aclaró el ejercicio fiscal en el que se detectó el supuesto desvío de fondos públicos, a pesar de que se habló de al menos seis expedientes sobre el tema.

En el anuncio, Winkler expuso que el dinero se usó para suscribir y pagar contratos de compra venta, con por lo menos 6 empresas inexistentes, mejor conocidas como empresas fachada o fantasma, ello para la supuesta adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistemas de purificación de agua, sistema de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros.

El anuncio de la orden de aprehensión contra la esposa del exgobernador Javier Duarte, a quien se le siguen dos procesos penales, generó opiniones encontradas de los actores políticos, que calificaron el anuncio como una medida electorera.

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A esas críticas se sumaron la diputada local Daniela Griego y el abogado Juan José Llanes, que cuestionaron el origen de la carpeta de investigación, y la posibilidad de fincar responsabilidad a quien sólo fungía como una “figura decorativa” de la administración pública, pues no forma parte de la estructura orgánica del poder Ejecutivo.

En el año 2017 el portal Animal Político estructuró un reportaje en el que se detalló la manera de operar del Gobierno de Javier Duarte, que desvió más de 600 millones de pesos a través de empresas fachada.

Información que es pública en su página Web, detalla que el DIF firmó al menos 12 contratos con la empresa Grupo Balcano SA de CV, Pegaco SA de CV, Abastecedora Romcru SA de CV, Anzara SA de CV, Ravsan Servicios Múltiples SA de CV y Mogarver SA de CV, para la compra juguetes, pañales desechables, mercería, uniformes deportivos, sistemas de purificación, mochilas, sanitarios biodegradables, entre otros insumos, por un monto de 49 millones de pesos, en el año 2012.

En la denuncia del medio de comunicación se informó que esa mecánica se había implementado en la Secretaría de Protección Civil, Sedesol y el DIF.

A raíz de la publicación el Órgano de Fiscalización presentó denuncias penales -26 en el 2015 y 16 en el 2016- por un monto superior a los 28 mil millones de pesos, algunas vinculadas con la localización de empresas fantasmas, pero en ninguna querella se dirigió hacía el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF).

El último paquete de denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en enero del 2018, incluye fondos de seguridad, educación y salud. Aunque el Sistema de Administración Tributario (SAT), presentó una treintena de denuncias contra empresas fantasmas, en el paquete sólo se incluye el manejo de los recursos en los años 2013 al 2015.

La ASF presentó querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) de los años 2010 al 2012. En esos casos se trataba de quejas por desvío de recursos y la simulación de reintegros, por lo que no hay antecedentes de querellas contra empresas fantasmas hasta el 2015.

La integrante de la comisión de Vigilancia del Congreso local, Daniela Griego Ceballos, reconoció que persiste la exigencia de los ciudadanos de recuperar los recursos desviados en la administración de Javier Duarte.

Pero el más reciente anuncio podría ser electoral, como ocurrió en el 2017, cuando se informó la localización de una bodega con pinturas y diarios de la primera dama con el mantra Merezco Abundancia.

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En ese momento se avisó de la integración de una investigación, en base a documentos, de supuesta autoría de Macias Tubilla, en el que detallaba la operación de las empresas fantasmas.

La diputada de oposición, puso en duda que la Fiscalía General logre la detención de Karime Macias, antes del 1 de julio, cuando se desarrolle la elección federal y local, pues al anunciar la emisión de una ficha roja y orden de captura en su contra, la pone sobreaviso, lo que le da oportunidad de salir de Londres, donde supuestamente reside.

“Se habla de un daño patrimonial al DIF, pero tendría que tener sus bases en la Fiscalización de la Cuenta Pública del Orfis y de la propia Legislatura. Y Ojalá haya los elementos suficientes para encarcelarla, ojalá la agarren y puedan regresar todo lo que se llevaron del patrimonio veracruzano”, opinó en entrevista la legisladora local.

Griego Ceballos, observó que a pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado cerca de media centena de denuncias, por el desvío de Fondos Públicos por más de 28 mil millones de pesos, las investigaciones son lentas, y se ha recuperado un monto mínimo, en propiedades y cuentas bancarias, de los fondos desviados.

“La Fiscalía anuncia que el daño patrimonial y el desfalco lo detectan ellos, y no el Orfis, habrá que ver si el Orfis tiene determinado todo esto”, insistió y consideró que la denuncia de Winckler Ortiz debe tener como fundamento informes del Sistema de Administración Tributaria, exigió la Morenista.

Sobre el mismo tema, el abogado Juan José Llanes, recordó que dentro de la estructura de gobierno no existe el cargo de presidenta del DIF estatal, por lo que su función es honoraria y difícilmente manejan recursos públicos, pues eso compete al director.

“Habría que tratar de dilucidar cuál fue el nivel de participación en el desvío de recursos públicos, porque, en cualquier caso, lo habría hecho a título particular, no era servidora pública, nunca lo fue”.

La figura de Presidenta es sólo decorativa, no tiene ninguna atribución para poder manejar fondos públicos, en consecuencia, no se le puede fincar responsabilidad como funcionaria pública, cualquier presunta irregularidad la hizo a título personal.

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