Margena de la O | La Silla Rota

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), sistema nacido hace 22 años en la región de Costa Chica y Montaña, llamó a los habitantes de territorio comunitario en Guerrero a no dar ningún voto al PRI y a no recibir al candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, por "la acusación sin fundamento" contra Nestora Salgado García, la candidata a senadora por Guerrero de Morena, de que era secuestradora.

Salgado García fue comandanta de la CRAC en Olinalá, una zona adscrita a la entonces casa de justicia de El Paraíso, Ayutla, una de las casas principales de este sistema de justicia comunitario que desmantelaron policías y militares durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. La CRAC es un sistema surgido por la iniciativa de los pueblos para autocuidarse y que no tiene que ver con los movimientos recientes en Guerrero de autodefensas.

¿Quién es Nestora Salgado? Así fue su choque con Meade

En una de sus participaciones durante el segundo debate que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en Tijuana, Baja California, Meade inició un comentario sobre la impunidad y comenzó a leer una carta que atribuyó a Salgado en la que, según dijo, se dirigía al padre de una de sus supuestas víctimas de secuestro. La acusó de secuestradora.

En un comunicado que salió de la casa de justicia de San Luis Acatlán (Costa Chica), la principal casa de justicia de la CRAC, los miembros aclararon que no pertenecen a ningún partido político, que respetan la libertad a votar y ser votado de las y los indígenas del territorio comunitario, pero que les parece que la acusación de Meade Kuribreña contra Salgado García es "violencia política de género".

Entonces hicieron el siguiente llamado: "(...) la CRAC-PC, que por más de 20 años hemos mantenido un sistema de justicia y seguridad alternativo al sistema corrupto mexicano, hacemos un llamado a todos los indígenas y compatriotas de los pueblos originarios a no darni un solo voto al PRI, así como ni un solo acto de campaña de Meade en territorio comunitario".

Nestora Salgado estuvo presa de agosto de 2013 a marzo de 2016. Salió libre después de un proceso largo de su defensa, que incluyó protestas de sus compañeros del sistema de justicia comunitario de la CRAC, a quienes les costó también el encarcelamiento por parte de quien fuera gobernador en esos tiempos, el ex priísta Ángel Aguirre Rivero, ahora militante del PRD.

Después de cinco años, la comandanta de la CRAC en Olinalá regresó a Guerrero, aun con amenazas después de su liberación, para hacer campaña por su candidatura al Senado por Morena.

Durante los primeros recorridos fue retenida por militares en uno de los accesos a Chilapa; se dirigía hacia San Marcos, en la Costa Chica, a la visita de López Obrador.  Los militares impidieron que los policías comunitarios que la acompañaban continuaran el camino con sus armas.

La CRAC incluyó en su posición que los miembros del sistema comunitario son testigos de "cómo se profundiza la violencia contra la mujer y el sistema comunitario indígena". Para esta postura, en el comunicado, la CRAC consideró la acusación de Meade y también la de una funcionaria del gobierno priísta de Héctor Astudillo Flores, de nombre Mayra Martínez Pineda, titular de la Secretaría de la Mujer, quien, documentó, "desde su celular particular compartió en redes el texto que literalmente decía contra Nestora Salgado: 'Al llegar al senado, tendrá fuero constitucional, lo que le permitirá regresar de Estados Unidos y NO ser enjuiciada por los crímenes que ha cometido'".

La organización comunitaria denunció que la ex comandante fue una presa política porque en su caso las autoridades trataron de obviar "el artículo segundo constitucional, la ley 701 del estado de Guerrero y el Convenio 169 de la OIT, que establecen: la autonomía de los pueblos originarios para regirse por usos y costumbres, máxime si se trata de proteger a las comunidades de crímenes y delitos como los que cometían los supuestos secuestrados por Nestora Salgado".

Planteó además que la ONU se pronunció porque el caso de Nestora Salgado García fue una privación ilegal y arbitraria de la libertad, además fue "absuelta porque quedó demostrada la legitimidad de su actuar".

Con información de La Silla Rota