El presidente Enrique Peña Nieto ya firmó el decreto con el que expide la Ley de Publicidad Oficial, a pesar de los llamados en contra de organizaciones civiles a no promulgarla.

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Así se puede ver este viernes en el Diario Oficial de la Federación, donde se lee que el documento fue firmado por el mandatario mexicano el pasado 8 de mayo.

Esta nueva Ley que incluye 45 artículos y ocho disposiciones transitorias busca regular la contratación de propaganda oficial.

"La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos", se señala en el texto del artículo segundo de la legislación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por organizaciones sociales en noviembre pasado, en el que ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lamentó que se haya aprobado esta legislación en el Congreso de México, pues consideró que se perdió la oportunidad de regular el uso de la publicidad oficial.

Así se negaban organizaciones civiles

El pasado 3 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el colectivo Medios Libres pidió al presidente Enrique Peña Nieto no promulgar la Ley General de Comunicación Social que ya fue aprobada por el Congreso.

El colectivo, que integra a más de 40 organizaciones de la sociedad civil solicitó al mandatario mexicano "una señal en favor de la libertad de expresión".

Asimismo, pidió "no dañar más a los medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas".

El colectivo enfatizó que una ley que regule los gastos destinados a publicidad oficial en los medios debe evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos y debe establecer un tope.