Xalapa, Ver. - El Congreso de la Unión, a través del Senado y la Cámara de Diputados, pidieron a la Cámara local, tomar medidas legales para sancionar los asesinatos de mujeres por su condición de género y garantizar la seguridad de mujeres y niñas que utilizan el servicio de transporte público.

En el marco del feminicidio de Nataly Guzmán, el Senado pidió atender las recomendaciones del Comité de Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, que obliga a tipificar el feminicidio y garantizar los recursos necesario para la investigación de cada caso.

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A través de la Correspondencia de la Sesión Ordinaria, se dio entrada al exhorto que se envió a las 32 entidades federativas, y los diputados de la LXIV Legislatura, se dieron por enterados.

En el año 2012, el Comité instó al Estado Parte para acelerar la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito, y a que proceda a la aprobación sin demora del proyecto de Ley general para el Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia.

Se pidió aplicar una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las que participen los medios de comunicación y programas de educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y que la perpetúan.

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Se pidió mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección; que ponga en marcha mecanismos de seguimiento eficaces y evalúe permanentemente la repercusión de todas sus estrategias y las medidas adoptadas.

Se propuso garantizar que la encargada de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres cuente con la autoridad necesaria, así como con recursos humanos y financieros suficientes, para permitirle cumplir su mandato de forma independiente e imparcial.

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Por su parte la Cámara de Diputados Federal, pidió al Gobierno de Puebla garantizar la reparación del daño a la familia de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue asesinada en septiembre del 2017.

Además, exhortó a las 32 entidades federativas a implementar acciones necesarias, con la finalidad de garantizar la seguridad de mujeres y niñas que utilizan los servicios de transporte público y privado.