MARLENE VALERO | LA SILLA ROTA

"El sábado empezó todo. Empiezan a tronar casas. Empieza a entrar la gente, a saquear, y todo lo que yo podía pensar era dónde podría estar Everardo. Todo el sábado lo pasé buscándolo y llamando a la gente para preguntar: ¿Qué has sabido? Una persona me dijo: Vi a hombres armados. Otra me dijo: Las bodegas se siguen quemando."- Etelvina Rodríguez, esposa de una de las víctimas.

El 18 de marzo de 2011, en el pueblo de Allende, Coahuila, ubicado a 61 kilómetros de la frontera con Texas, cientos de sicarios de Los Zetas desaparecieron uno a uno a alrededor de 300 personas como venganza a quienes los traicionaron ante la DEA(Administración para el Control de Drogas).

A todos los que ´levantaron´ los asesinaron en un granero de un rancho a las afueras de la comunidad y les prendieron fuego hasta que sus cuerpos se consumieron.

[relativa1]

Este lunes, a siete años de los sucesos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades federales y estatales en la que señala que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales pudieron estar involucrados en la masacre.

Además, la CNDH instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar una investigación de los hechos –distinta a la que lleva a cabo la Fiscalía de Coahuila- y deslindar responsabilidades a los posibles implicados en la muerte de casi 300 personas.

También dio un plazo de seis meses al gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís a emprender acciones para combatir la violencia que azota la entidad.

De acuerdo con testimonios recabados por la periodista Ginger Thompson y publicados por ProPublica y National Geographic, el poderío de Los Zetas durante esa época llegó al pueblo años antes de la masacre.

Los sicarios se asentaron con sus familias, iniciaron negocios y controlaban el tráfico de cocaína a Estados Unidos, sin que las autoridades o los pobladores pudieran hacer algo.

Los líderes, Miguel Ángel y Omar Treviño, conocidos como Z-40 y Z-42 reinaban el lugar con amenazas y con la complicidad de la policía municipal.

"Hubo un punto en el que empezamos a ver señales de que (Los Zetas) habían empezado una especie de toma hegemónica de todas las actividades comerciales. Además del tráfico de drogas y de armas, echaron a andar compañías y negocios en el sector de servicios, en bienes raíces, en la construcción. Y empezaron a vivir aquí. Después de un tiempo, sus hijos empezaron a asistir a las escuelas con nuestros hijos", relata el Fernando Purón, expresidente municipal de Piedras Negras, localidad vecina a Allende.

[relativa2]

Pero la masacre de ese fatídico día parte de otro acontecimiento: la filtración de información por parte de altos mandos de Seguridad en México con los líderes de la organización criminal.

Este reportaje publicado por ProPublica y NatGeo revela que investigadores de la DEA en Texas, que buscaban la captura de los hermanos Treviño lograron convencer a un integrante del cártel para que les diera los números personales de celular de los capos para lograr su localización.

La información fue compartida con una unidad de la policía federal, entrenada por la DEA para investigaciones especiales.

De algún modo, alguien dentro de esta unidad le dio ´el pitazo´ al Z-40 y al Z-42 sobre la traición de uno de los suyos y mandaron a cientos de hombres a Allende para buscar al traidor.

Los personajes que tenían conocimiento sobre los equipos celulares de los Treviño vivían en Allende y uno de los sospechosos era un miembro de la familia Garza, conocida por tener ranchos y criaderos de ganado.

Fue en este lugar, donde los sicarios encerraron a todo el que podría tener conexión o ser familiar de los apellidos Vázquez, Moreno, Cuéllar y Garza, los cuatro posibles traidores.

"Alrededor de las 10 de aquella noche, mi marido llamó al celular de Gerardo para saber a qué hora volvería a casa. Gerardo no respondió. Poco después tocaron a la puerta. Eran amigos de Gerardo, de la escuela. Parecían aterrorizados. Los muchachos dijeron que vieron a Gerardo y a nuestros vecinos frente a la casa de ellos. Llegó una camioneta llena de hombres armados. Los hombres subieron a los vecinos y a Gerardo a la camioneta y se fueron", recapitula Claudia Sánchez, madre de Gerardo Heath, un joven de 15 años asesinado ese 18 de marzo.

Entre ese viernes por la noche y sábado las llamas de la bodega incendiada provocaban que un humo negro y espeso se viera desde cualquier lugar del pueblo.

Los habitantes de lugar tenían temor de salir de sus casas, pero otros estaban en búsqueda de sus hijos, esposos o familiares que no llegaron a dormir esas noches.

"Una persona me dijo: ´Vi a hombres armados.´ Otra me dijo: ´Las bodegas se siguen quemando. El humo es muy negro, es como si estuvieran quemando llantas. Es un humo muy negro, espantoso.´", agrega Etelvina Rodríguez.

El 19 de marzo por la mañana, el convoy de sicarios de Los Zetas se dirigió al centro del pueblo donde saquearon comercios y destruyeron más de 40 casas.

Con máquinas excavadoras demolieron las paredes de residencias lujosas y las incendiaron por completo.

Las autoridades del municipio y los bomberos recibían cientos de llamadas de emergencia, pero ninguno se atrevió a enfrentarse a los criminales.

"Oficiales a mi cargo respondieron a reportes de un incendio en uno de los ranchos de los Garza. Entre los primeros que acudieron al lugar había bomberos con una máquina de apoyo. Se percataron de que había personas conectadas con el crimen organizado, las cuales les indicaron, de forma muy vulgar y a punta de pistola, que se retiraran. Nos dijeron que no teníamos autorización para responder", cuenta el exjefe de Bomberos, Evaristo Treviño.

Habitantes del lugar estiman que desaparecieron alrededor de 300 personas la noche de ese 18 de marzo; otras cifras señalan que fueron más de 40 las víctimas. A siete años de los hechos, se desconoce el número real.

En 2014, el entonces gobernador Rubén Moreira anunció que investigarían a fondo los hechos ocurridos ese fatídico fin de semana.

Arribaron al municipio de 23 mil habitantes una centena de elementos de la policía estatal y burócratas de la Procuraduría de Justicia de Coahuila; el operativo lo describió el periodista Diego Enrique Osorno en la plataforma de Vice México.

Sin embargo, esta indagatoria tampoco ha arrojado resultados de ADN y un cálculo final de los muertos.

Lo que sí hicieron, es darles a las familias de los desaparecidos un acta de defunción con fecha del 19 de marzo del 2011, y, a quienes así lo quisieran, una cajita con cenizas y tierra del lugar donde incineraron los cuerpos.

"Los oficiales me preguntaron qué quería. Respondí que quería sus restos. Me dijeron que sería difícil, porque mi hijo fue incinerado junto a mucha otra gente. En su lugar, me trajeron cenizas y tierra del lugar donde murió", lamenta la madre del joven Gerardo, de 15 años.

Como al estudiante y jugador de fútbol fueron asesinados otros menores de edad; entre ellos nietos de la familia Garza que se encontraban en el rancho de tomado ese día.

Algunos otros familiares nunca denunciaron oficialmente la desaparición de sus seres queridos por temor a represalias del grupo criminal que reinó Coahuila durante el sexenio pasado.

Hoy en día, tanto Miguel Ángel y Omar Treviño se encuentran presos desde 2013 y 2015 respectivamente, en operativos en conjunto de autoridades estadounidenses y mexicanas.

Otra decena de sicarios de bajo rango y expolicías de Allende fueron detenidos después de la masacre, pero ninguno de ellos ha sido condenado por el delito de homicidio contra habitantes del pueblo.

[relativa3]