Xalapa, Ver.- Desde no tener derecho a una defensa adecuada hasta recibir agresiones físicas fueron algunas manifestaciones de los tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) para evidenciar irregularidades en el debido proceso y no ser imputados por desaparición forzada de personas.

Foto: Yerania Rolón

Lo anterior, dio origen a un debate que se prolongó durante 14 horas, sin embargo los alegatos fueron rechazados por la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez, y legalizó las detenciones de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública; Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil; y Óscar Sánchez Tirado, exdirector de penales de Veracruz.

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Este viernes 09 de febrero -tras un receso de nueve horas- también se discutieron las detenciones de 16 policías estatales, quienes con la presunta anuencia de sus superiores utilizaron la Academia de Policías de El Lencero para torturar y desaparecer al menos a 15 víctimas en el año de 2013.

Por estos hechos fue desplegado el operativo “Tiro de gracia” mediante el cual la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó un total 31 órdenes de aprehensión. Sin embargo, 12 policías y mandos de la SSP lograron escapar, entre ellos Nabor Nava Holguín, ex subdirector de la SSP por quien el gobierno de Veracruz ha ofrecido 1 millón de pesos.

“Creí que me estaban levantando. Tuve miedo por mis hijos”: Roberto Meza

​Foto: Yerania Rolón

Roberto González Meza, aseguró durante la audiencia de imputación que el día de su captura, el pasado 06 de febrero en Playa del Carmen él y su familia fueron víctimas de agresiones físicas y de incomunicación. 

El acusado refirió que su detención estuvo a cargo de una veintena de hombres que no se identificaron como policías ministeriales y posteriormente a todos sometieron en el piso y esposaron de pies y manos. “Por un momento creí que era un levantón. Tuve mucho miedo por mis hijos”, expresó.

La defensa de Meza solicitó la participación de tres testigos, quienes refirieron que él y tres familiares fueron repartidos en vehículos oficiales y posteriormente trasladados a la Fiscalía de Quintana Roo, donde fueron avisados sobre una orden de aprehensión por desaparición forzada, documento que a decir de los testigos, presentaba borrones y espacios en blanco.

Violeta Ceballos, pareja sentimental del exfuncionario, refirió como testigo que en las instalaciones estatales de Quintana Roo, ella preguntó que a dónde trasladarían al acusado. “Lo vamos a llevar al vote, pero al bote de al bote de ácido”, le habrían contestado.

La defensa jueza Sosa Jiménez negó la suspensión de la detención de González Meza, al aceptar datos de prueba de la Fiscalía como certificados médicos, que avalaron la integridad física del exdirector de la Fuerza Civil al ser ingresado al penal de Pacho Viejo.

El siguiente en solicitar audiencia con la jueza de control fue Óscar Sánchez Tirado, exdirector de reclusorios en el gobierno de Javier Duarte quien desde el 20 d septiembre de 2017 está preso por la desaparición forzada en contra de Carlos David Bautista Sánchez, un joven originario de Veracruz.

En su participación, se limitó a solicitar la copia de su orden de aprehensión; oficio que, dijo, le fue entregado incompleto en una celda de castigo del penal de Pacho Viejo donde permanece prisionero. 

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“Violaron los derechos de don Arturo Bermúdez”: abogado 

Rodolfo de la Guardia García, abogado de Bermúdez Zurita, presentó cinco datos de prueba con las que trató de acreditar que el exfuncionario se puso a disposición de la Fiscalía para declarar o servir como testigo en caso de ser investigado por desaparición forzada, pero aunque había investigaciones en su contra dicha información no le fue notificada por la Fiscalía General.

De acuerdo con la información presentada ante la jueza, el pasado 9 de noviembre de 2017 Bermúdez Zurita escribió una promoción legal al Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la región Xalapa para manifestar su disposición de contribuir con la investigación, dando como domicilio el penal de Pacho Viejo, donde se encuentra recluido desde febrero de 2017.

“Don Arturo le dijo a los fiscales que no había razón para librar una orden de aprehensión en su contra porque estaba plenamente ubicado (en Pacho Viejo) y él quería ejercer sus derechos de defensa”.

“Fiscalía el 01 de diciembre contestó que no lo podían citar a entrevista (a declarar) porque no estaba siendo investigado y al final resulta que sí estaba era investigado, y consta en la carpeta de investigación a la que hasta el día de hoy tenemos acceso”, criticó De la Guardia.

​Foto: Yerania Rolón

No obstante la estrategia de defensa, la jueza Sosa Jiménez declaró  como impertinentes los datos de prueba, ya que la etapa procesal de la audiencia inicial únicamente es para valorar la legalidad de la detención, tal y como lo argumentó la Fiscalía.

“No compartimos la opinión de la jueza. Resulta evidente que todos los operadores deben respetar los derechos humanos; de no ser la consecuencia es clara y es la nulidad de los actos jurídicos.

“Esperaremos los tiempos procesales, si la jueza decreta la vinculación a proceso, desde luego la defensa de don Arturo Bermúdez procederá a un juicio de amparo indirecto. Don Arturo no participó en esta maquinación de desapariciones forzadas”, advirtió el defensor.

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