Xalapa, Ver.- El hallazgo de 32 cadáveres en tres casas de seguridad en Boca del Río provocó una descarga helada en el cuerpo de José. La noticia llegó un 07 de octubre de 2011, a siete días de que su hijo José Antonio Pérez Salinas y otras siete personas fueron “levantados” en el fraccionamiento Las Brisas, Veracruz.

“Apenas el gobierno confirmó todo y los vecinos nos pusimos de acuerdo para ir a reconocer los cuerpos a Xalapa -en la Dirección General de Servicios Periciales-. A mi hijo pude recuperarlo enseguida, pero los peritos no tuvieron puta madre y se me fueron seis años de mi vida”, refiere el padre, aun dependiente de antidepresivos.

La última referencia que José tuvo de su único hijo -de 20 años edad- fue que convivió con seis hombres y una mujer en un Oxxo del fraccionamiento Las Brisas, ubicado en la zona norte del municipio de Veracruz. Un comando armado arribó a ese lugar y privó la libertad de los ochos; en su mayoría jóvenes.

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Entre los plagiados, José refiere que se llevaron a un vecino suyo, Raúl Rivera Herrera, hijo de un capitán de la Secretaría de Marina (SEMAR) y al escolta de la entonces alcaldesa Carolina Gudiño Corro, conocido como “Ramoncito”.

Tras siete días sin noticias, el gobierno del Estado confirmó en un comunicado la localización de 32 cuerpos con rasgos de tortura, distribuidos en tres casas de seguridad: 20 cadáveres en el Fraccionamiento Jardines de Mocambo, 11 en Costa Verde y uno más en la unidad habitacional Costa de Oro.

La noticia “hizo que me temblaran las piernas”, recuerda José, pues se cumplían 16 días desde que presuntos “Mata Zetas” esparcieron otros 35 cuerpos en el bulevar Manuel Ávila Camacho, debajo del puente los Voladores de Papantla. En total, 67 cadáveres -en menos de dos semanas- fueron confirmados por el gobierno de Javier Duarte, hoy preso por delincuencia organizada y lavado de dinero en el Reclusorio Norte.

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José zarpó el 08 de octubre de 2011 a Xalapa para confirmar si entre las últimas 32 víctimas se encontraba su hijo. Se formó en la morgue, en una fila interminable de familiares, pero recibió noticias negativas. “Me dijeron que solo habían recibido personas con tatuajes y que por las señas que daba mi hijo no estaba entre los muertos”.

Aquella ocasión fueron identificadas seis de las ocho personas que desaparecieron en el fraccionamiento Las Brisas, menos su hijo José Antonio Pérez Salinas y su vecino, Raúl Rivera Herrera.

“A mi hijo, el perito que lo levantó muerto le puso en la carpeta de investigación que tenía tatuajes: uno en el pecho con la palabra “Chinchilla” y otro en el brazo. ¿Cuándo lo iba a identificar así entre papeles?, todas esas chingaderas están asentadas en expedientes y yo se lo grité a las autoridades”, recrimina José.

La víctima indirecta, atribuye los probables actos de negligencia al entonces director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, quien fue señalado de aplicar pruebas falsas de ADN a familiares de desaparecidos y entorpecer la identificación de cadáveres.

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“Yo sostengo que desde que desapareció mi hijo me sometí a pruebas de ADN y nunca se esforzaron por regresármelo, a pesar de que existía una denuncia de desaparición. Además, los peritos se empeñaron en ocultar la información de esos 32 cadáveres donde seguramente iba mi hijo”, critica José.

Seis años de espera: adicción al alcohol y antidepresivos

José cumplió sus tareas como víctima indirecta: interpuso una denuncia por desaparición desde el día uno, se sometió a análisis de ADN en la agencia del ministerio público de Veracruz y esperó respuestas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), dirigida por Reynaldo Escobar Pérez.

El padre renunció a su empleo como agente de ventas durante dos años y se dedicó por completo a la búsqueda de su hijo, estudiante de bachillerato en el Cetis número 15. “Sobreviví con ayuda de Dios y con lo que me apoyaba mi familia”, recuerda.

El entrevistado poco habla sobre su vida personal, pero confiesa que perdió un matrimonio de dos décadas y solo ganó una adicción al alcohol, al “clonazepam” y a otras pastillas antidepresivas que lo ayudaran a conciliar el sueño.

Durante su búsqueda, José se integró al colectivo de familiares de desaparecidos Solecito Veracruz y se apoyó de los servicios del laboratorio ADN México, donde se sometió por segunda ocasión a las pruebas genéticas, en enero de 2017.

El 05 de mayo de 2017, José se reunió en el puerto de Veracruz con la directora Comercial Forense de ADN México, Mariana Sosa. Allí fue enterado que el cadáver de su hijo fue enviado a la fosa común del panteón San José Novillero, en Boca del Río.

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En junio de 2017, el padre se reunió con el actual titular de la Dirección de Servicios Periciales, Mario Valencia Hernández, donde se enteró que José Antonio fue degollado. “Yo ya no quise ver a mi hijo, por eso pedí a la gente de ADN México que me lo confirmaran”.

Una vez identificado por el padre, el cuerpo de José Antonio Pérez no era entregado con su familia. José, decidió escribirle al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares mediante un mensaje privado en su cuenta de Twitter, para urgir la entrega del cadáver y además avisarlo de que la familia no contaba con recursos suficientes para costear los servicios funerarios.

El padre reconoce: “el gobernador me respondió por Twitter y todo se agilizó. Me entregaron a mi hijo el 26 de julio de 2017”. El cuerpo del joven veracruzano fue enterrado en el panteón Jardín de Veracruz en una modesta tumba que la familia costeó con apoyó de familiares de desaparecidos y no del gobierno estatal.

De 2015 a la fecha, 232 cadáveres -víctimas de asesinato- permanecen como “no identificados” en Servicios Médicos Forenses de Veracruz. Y otros que no son identificados, son enviados a las fosas comunes.

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Con base en cifras del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 55 personas de quienes aún su identidad es desconocida fueron ultimados con arma de fuego, 19 con arma blanca y 158 “con otro elemento”, es decir, murieron a causa de estrangulamiento o contusiones.

“El caso de mi hijo como muchos otros representa una negligencia total de las autoridades. Se empeñaron en ocultarme la información, hicieron porquerías, y estoy seguro que no fui el único de aquel 07 de octubre de 2011. Es lo que recuerdo”, sentencia José. 

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