Xalapa, Ver. Organizaciones ambientalistas buscarán un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la recién aprobada Ley de Biodiversidad, por considerar que promueve el saqueo de la riqueza natural del país y viola los derechos de los pueblos indígenas.

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, señaló que la ley da carta abierta para que se permitan actividades como la minería a cielo abierto incluso áreas naturales protegidas.

"Lavida y grupos ambientalistas no estamos de acuerdo con esta ley y la vamos a combatir jurídicamente, que es el único camino que nos corresponde".

Advirtió que esta reforma representa un riesgo mayor para Veracruz ante los proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas y estaciones eólicas.

Por ejemplo hay proyectos en áreas naturales de conservación que se han frenado en la entidad, como la instalación de una mini hidroeléctrica cerca de la reserva ecológica de Rancho Pozas en Altotonga, una mina de plata en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, un parque eólico en la zona de conservación de humedales de Alvarado, y un mina de oro a cielo abierto en Actopan en el corredor de aves migratorias más importante del país.

Advirtió que diversas organizaciones ambientalistas buscarán el amparo, pero también presionarán para que los alcaldes interpongan una acción de inconstitucionalidad contra la ley, toda vez que violenta la autonomía de los municipios para decidir en temas como el cambio de uso de suelo y permisos de construcción.

"Vamos a intentar el recurso del amparo y convencer a algunos Ayuntamientos para que promuevan una controversia constitucional, pero son tareas de largo aliento porque se debe convencer al alcalde, al Cabildo. Estamos buscando que dos alcaldes al menos soliciten la controversia constitucional porque contraviene el artículo 115, que le otorga a los municipios la facultad para determinar el uso de suelo y sobre licencias de construcción".

El activista señaló que la Ley de Biodiversidad despoja a los pueblos indígenas de su derecho a la consulta sobre los proyectos y temas que involucran a sus territorios.

Indicó que en el caso de Veracruz, representa un riesgo mayor ante los proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas y estaciones eólicas.

"Esta ley es fatal para los veracruzanos, fatal para la naturaleza, por eso tenemos que combatirla todos y echarla abajo; esa es nuestra tarea del año que entra. Hay que colocar todo el trabajo y la fuerza para echar abajo esta ley que es nociva para la naturaleza, para los humanos y para las próximas generaciones".

Consideró que esta ley es muestra de que la voracidad de los intereses de los diputados federales y los empresarios ligados a ellos, "no tiene llenadera".

"Si a eso le sumas la complicidad de Semarnart y Profepa quedamos desprotegidos; lamentablemente los legisladores son elegidos por el pueblo pero responden a intereses de los grandes empresarios que quieren destruir la naturaleza para seguir acumulando dinero".

Y es que dijo que la propuesta de la Ley de Biodiversidad presentada por la diputada federal Ninfa Salinas Sada siempre estuvo dirigida a quitarle el candado que impedía instrumentar la minería.

"No se prohíbe a cielo abierto, se conculca el derecho de los pueblos a la consulta pública debidamente informada y es una ley que promueve el saqueo de la naturaleza (...) Salinas Pliego tiene intereses en la minera a cielo abierto, concretamente en Baja California Sur; por eso se propuso una ley que coloque a la minería a cielo abierto en reservas naturales protegidas y de la Biósfera".

Por ello, insistió en que en enero los grupos ambientalistas presentarán la solicitud de amparo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Qué dice la ley de biodiversidad?

En la reciente Ley aprobada por el Senado de la República, impulsada por la Comisión Especial de Cambio Climático, que preside la senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del PVEM, están los artículos permisos para empresas extractivas como son:

De acuerdo al artículo 211 de la Ley General de Biodiversidad, para que las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos no disminuyan el potencial productivo para el desarrollo social, será suficiente que el Ejecutivo Federal decrete Zonas de Desarrollo Integral Sustentable, para ejecutar programas que subsanen los ecosistemas afectados por las actividades productivas.

Otra de las reformas que beneficia a las empresas extractivas, de acuerdo al artículo 200, es que se permite que dichas compañías asentadas en los polígonos de vida silvestre lleven a cabo sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) determine para resarcir los daños ambientales ocasionados, en donde las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del Gobierno Federal.

En el transitorio vigésimo sexto, la nueva disposición establece un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para elaborar un estudio que identifique aquellas ANP que hayan sido transformadas sustancialmente, en las cuales no es factible realizar medidas para restaurar los ecosistemas originales, a fin de decretar el cambio de uso de suelo hasta la desaparición de la denominación de ANP.