Era el 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Acteal del municipio de Chenalhó, de Chiapas.

Su reunión fue interrumpida por las balas, paramilitares adheridos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzaron a disparar contra los pobladores.

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18 menores de edad y 27 adultos, más cuatro neonatos, fueron asesinados a sangre fría.

Su "delito": mostrar simpatía por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como el apoyo económico que otorgaban.

En ese momento, el gobierno de Ernesto Zedillo mantenía una guerra de baja intensidad para anular cualquier adhesión al EZLN, misma de la cual Las Abejas fueron víctimas.

Al menos 87 personas fueron acusadas por las ejecuciones, sin embargo, desde 2009 los autores materiales fueron liberados paulatinamente, quedando únicamente cinco en prisión.

Sin mencionar que los autores intelectuales de la masacre no han sido ni señalados por la justicia.

Ya han pasado 20 años de la masacre, sin embargo, la violencia, la muerte y el olvido sigue latente en Acteal.

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Actualmente existe un conflicto armado entre los pobladores de Chenalhó y el municipio vecino de y Chalchihuitán.

Se trata de un viejo conflicto que ha revivido con respecto a los límites entre ambos municipios.

El origen de este problema entre municipio tiene como antecedente 1973, cuando la extinta Secretaría de la Reforma Agraria cambió la delimitación de fronteras de estos dos municipios.

La frontera natural solía ser el río, cuestión que cambio por la decisión de dicha Secretaría.

El conflicto ha causado violencia, generando temor de los pobladores de ambos municipios, quienes han optado por dejar sus hogares y refugiarse en la zona montañosa de la entidad, lo que significa un peligro.

Hasta el momento, se contabilizan hasta 5 mil desplazados, de los cuales, según el Fondo de Naciones Unidas para Infancia (Unicef), la mitad son niños.

Los desplazados vive en condiciones de vida vulnerable. Bajas temperaturas, el abandono de sus fuentes de trabajo e ingresos, así como la falta de asistencia médica, alimentos y seguridad, los dejan en la deriva.

Dichas condiciones han provocado al menos la muerte de 11 pobladores.

Malos cuidados médicos en mujeres embarazadas, problemas respiratorios, complicaciones generadas por el frío de la zona y el mismo conflicto armado ha caudado las bajas.

Diversos activistas y defensores de los derechos humanos han llamado a las autoridades estatales a hacerse cargo del probema.

En tanto, el pasado 15 de diciembre se emitió un fallo por parte del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en torno a este problema.

El tribunal reconoció las más de 350 hectáreas de tierras que la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria había dado en 1973 a Chalchihuitán de manera errónea.

Además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) volverá a medir las dimensiones geográficas de los límites territoriales de los municipios en cuestión.

Dicha decisión no parece terminar con el problema, pues en la lectura de la decisión el presidente municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, se mostró inconforme y abandonó el recinto.

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En tanto, la Sedatu se comprometió a crear 300 casas para la población desplazada de Chalchiuitán.

Anteriormente, la Unicef había brindado ayuda a las personas que tuvieron que huir de sus hogares, sin embargo, admitieron que no era suficiente a causa de los bloqueos en la zona.

La Silla rota con información de FrojiMX