Los ciudadanos no tienen voto, pero tampoco voz en el Congreso de la Unión donde representantes populares y de las entidades federativas, desoyen las propuestas de ley y de reforma con carácter de "iniciativas ciudadanas".

Producto de una lucha que diversas organizaciones de la sociedad civil emprendieron durante varios años, las iniciativas ciudadanas o "iniciativas populares" fueron introducidas como un mecanismo de participación democrática en la reforma político-electoral de 2012 y terminaron por reglamentarse hasta mayo de 2014.

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Desde esa fecha se han presentado 10 iniciativas de las cuales solo una fue aprobada: la relativa a la presentación de la declaración 3 de 3 para que funcionarios públicos presenten documentación sobre su situación patrimonial, fiscal y de intereses.

En lo que respecta al resto, dos fueron desechadas y siete se mantienen pendientes en comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados en donde están muy lejos de ser sujetas a trámite pues ni siquiera han despertado el debate y análisis legislativo. En este apartado se enlistan proyectos para implementar la segunda vuelta electoral y la revocación del mandato; así como la eliminación de fuero a funcionarios públicos.

Segunda vuelta electoral y revocación de mandato

De acuerdo con información obtenida por La Silla Rota a través del Sistema de Información Legislativa, la primera iniciativa popular se presentó en la Cámara de Senadores en noviembre de 2014.

Con la firma de cerca de 120 mil ciudadanos se sugirió una reforma constitucional para implementar la figura de la segunda vuelta electoral, cuando la votación fuera menor al 50% de los electores o el candidato ganador hubiera obtenido menos del 40% de los votos.

Además, se sugería la revocación de mandato, mediante una forma de consulta popular a través de la cual la mayoría absoluta de ciudadanos podrían recusar el nombramiento de autoridades elegidas popularmente, por designación hecha por los poderes Ejecutivo y Judicial federales o estatales, así como para servidores públicos de primer nivel de los organismos de las entidades federativas, autónomos y descentralizados.

Sin embargo, pese a la implicación de esta propuesta, el proyecto se ha mantenido pendiente desde esa fecha, aunque en el 20 de septiembre de 2016, se publicó una excitativa a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para dictaminarla.

Eliminación del fuero constitucional y pensión a ex presidentes

Entre las siete iniciativas que se mantienen pendientes, destaca una que fue promovida por Carlos Augusto Morales López, presidente Nacional de Transformando Somos Más A.C. con el apoyo del mínimo de ciudadanos requeridos por ley: 0.13% de la lista nominal lo equivalente a aproximadamente 120,000 firmas.

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Fundamentalmente se sugirió una reforma a diversos artículos de la Constitución con el objeto de eliminar el fuero constitucional, el seguro de gastos médicos mayores para funcionarios con cargo al erario, así como e fin de las pensiones para ex presidentes de la República. También se planteó que solo serían asignados guardias presidenciales a mandatarios en funciones y exclusivamente para su familia nuclear.

Este proyecto se presentó en la Cámara de Diputados, donde está pendiente de estudio y dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Aunque se materializó apenas en noviembre de este año, no hay fecha contemplada para considerar su discusión por lo que su destino podría ser el mismo que nueve de las 10 iniciativas populares que se han presentado durante los últimos tres años.

Fin al "gasolinazo"

Entre las iniciativas ciudadanas que fueron desechadas destaca una presentada en el Senado -en abril de 2017- para reformar la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con el objetivo de poner fin al incremento en el precio de los combustibles.

La iniciativa que reunió 200 mil firmas sugería modificar los criterios establecidos para fijar el precio de las gasolinas y el diésel. Establecía que en las regulaciones que determinara la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no se podría aumentar el precio por litro en más de 5% anual, además de que se debería asegurar un "tránsito armonioso" de precios a la liberalización de los combustibles tomando en cuenta los intereses del bienestar general.  Además, determinaba que la metodología y los precios de los combustibles para 2018 deberían ser aprobados por una comisión nacional especial de precios de la gasolina.

Un segundo proyecto para reducir el precio de los combustibles

Para impedir los incrementos en el precio de los combustibles e incluso plantear su reducción, también se presentó otra iniciativa con carácter de proyecto ciudadano, aunque fue promovida por la diputada federal con licencia Ivonne Ortega en marzo de 2017.

En este caso se propuso una reforma a Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para reducir las cuotas aplicables de 2.01 pesos por litro a la gasolina Magna; 2.98 a la Premium y 2.42 al diésel, y así disminuir el IEPS en el mismo porcentaje en que aumentaron los combustibles de diciembre de 2016 a enero de 2017.

El proyecto en las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Público, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

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Acceso a educación superior

Presentada en abril de 2017 en el Senado, la iniciativa popular que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución Política está pendiente en Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Educación de esta Cámara.

Los ciudadanos promoventes buscaron fortalecer y garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, pero particularmente al nivel superior. Asimismo, se pretendió regular la educación que imparten los centros particulares y crear un Consejo Nacional de Evaluación Integral de la Educación, así como un Subsistema Nacional de Evaluación Educativa Integral para evaluar los componentes del Sistema Educativo Nacional.