Sonora (La Silla Rota).- Al menos 22 menores fueron vendidos por funcionarios de la Administración de Guillermo Padrés, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con información de Reforma, fue en agosto del 2015 que la Procuraduría General de Justicia del Estado detectó que funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia vendieron bebés una suma de entre 80 y 150 mil pesos.

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El día de hoy la CNHD reveló a través de la Recomendación por Violaciones Graves 9VG/2017, que al menos 22 menores fueron víctimas de trata entre el 2009 y el 2015. La Procuraduría reconocía 10 casos.

Mientras tanto el DIF Estatal no informan cual fue el domicilio final de 682 menores; el organismo tampoco pudo acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para la adopción de 110 niños.

Dentro de la red, también se encuentran funcionarios del IMSS, quienes emitieron certificados de nacimiento con información falsa de las madres biológicas en al menos 17 casos.

La CNDH instó a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich a crear un grupo especializado para analizar las situaciones "En un término no mayor a seis meses, se realicen las acciones necesarias para determinar el destino final de 13 infantes, que fueron separados de su familia de origen; de 3 menores de edad, que fueron sustraídos por sus padres biológicos y de los 682 menores de edad respecto de los cuales el DIF Estatal no remitió la documentación para acreditar su paradero", manifestó el organismo.

En tanto a la Fiscalía General del Estado se le solicitó colaborar con la queja que presentará contra los funcionarios que cometieron actos irregulares en la integración de las averiguaciones previas de 18 niños, señaló el diario.

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Antecedente

La Silla Rota informó en el 2015 el caso de un funcionario acusado de trata de niños en Sonora.

Una investigación previa de la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora en contra de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal a quien se le acusó de gestionar adopciones irregulares y entregar niños a personas residentes en el extranjero.

Arzate Carbajal fungía como Subdirector de Asistencia Jurídica Externa y de la Línea Protege del DIF Estatal, unidad encargada de los casos de denuncia de violencia intrafamiliar, en donde se definía si los menores afectados se devolvían a las familias o si eran enviados a otros centros,

Junto con José Hernández López, en ese entonces director jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, Arzate Carbajal cobraba entre 100 mil pesos y 20 mil dólares a las familias que buscaban adoptar.