Xalapa Ver. – En dos años como Fiscal especializada, Paula resolvió numerosos casos de feminicidios y pederastia en Veracruz. No obstante, su historial, ella y otras 11 funcionarias fueron despedidas por obtener “raquíticos porcentajes” en investigaciones, según sus superiores.

“Me pusieron a la vista una renuncia, un cheque del banco Banorte y me dijeron que eso me tocaba de liquidación. A la oficina (de recursos humanos) no nos dejaron ingresar con celular, ni mucho menos subir al tercer piso para hablar con el Fiscal Jorge Winckler Ortiz”.

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Es el reclamo de Paula, quien será llamada de esta forma en el escrito y que hasta hace unas horas estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.

El despido de 12 mujeres -incluido el de Paula- y la rotación de distritos de otras 20 servidoras públicas, se dio a cinco días del asesinato de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, compañera de las agraviadas que fue acribillada el pasado 27 de noviembre en la entrada de su trabajo, en la Fiscalía de Pánuco, al norte de Veracruz.

“En un contexto de violencia como el que estamos viviendo, no es posible que quienes procuramos justicia estemos sufriendo violencia. Es triste que lo que están haciendo nuestros superiores, se les olvida que somos humanos, que tenemos familia y que algún día pasaran por esto”, agregó la entrevistada, madre de dos hijos, de uno y seis años respectivamente.

En un comunicado emitido el pasado 02 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, “con base en un profundo análisis de la productividad de cada servidor público y la sensibilidad registrada en su empeño, se tuvo conocimiento de la productividad de las fiscales, que en su gran mayoría alcanzaba un raquítico porcentaje y en muchas de ellas era nulo el mismo”.

De acuerdo con la entrevistada, ella y sus compañeras fueron notificadas de su situación laboral mediante el enlace de Coordinación de la Fiscalía llamado Juan Carlos López Huesca. “Nos dijo el jueves 30 de diciembre que empezáramos a hacer nuestras actas de entrega y que esperáramos instrucciones”, agregó.

Al día siguiente, viernes 01 de diciembre, las 20 funcionarias afectadas se apersonaron en las instalaciones de la Fiscalía General, en Xalapa. Algunas emprendieron el viaje desde municipios como Poza Rica y Las Choapas, en los extremos de la entidad, para lo que sería una inminente renuncia obligada.

“Nos dijeron ‘fírmale y entrega’ (la oficina) ya no te podemos tener porque no podemos mantener la nómina. Yo tenía al lado a un fulano con cara de chango quien me intimidó y por miedo firmé”, agregó.

Captura de presuntos feminicidas y pederastas, récord de Fiscal despedida 

Paula, aseguró que, a su cargo tuvo 928 carpetas de investigación relacionadas con delitos sexuales, que abarcaban los municipios de Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata, Naolinco, Chinconquiaco, Actopan, Acajete.

“Cuando llegué a este lugar tenía muchas quejas y resulta ser que yo cerré todas. Además, que le di prioridad a los casos más graves. Lo más triste es lo que sacaron en el boletín pues dan a entender que nuestro despido fue por flojas”, agregó la entrevistada.

Con base en boletines oficiales de la dependencia y publicaciones en medios de comunicación, la Fiscalía especializada estuvo a cargo de investigaciones como la detención Antonio “N”, profesor del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial 134 (CETIS) de Banderilla quien fue imputado por el delito de pederastia en agravio de una menor de edad y merecedor de prisión preventiva por seis meses como medida cautelar.

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Otro caso fue la captura del probable homicida de una joven, cuyo cadáver cercenado fue abandonado el 12 de octubre de 2017 en un lote baldío de la colonia Veracruz, a la altura de la privada de Perote, entre los andadores de primavera y verano.

Al historial se agrega la detención del comerciante Roberto Romero Guridi, imputado por el crimen de una mujer en el interior de un motel de la colonia Valente Díaz, el día 24 de marzo de 2017; la víctima presentaba huellas de violencia y asfixia.

No obstante, los logros mencionados, Paula dijo, que los viáticos como la gasolina, el material de oficina y hasta la remodelación del mobiliario para realizar las diligencias de manera óptima fueron cubiertas con su salario no mayor a los 7 mil pesos quincenales.

Recibiendo denuncias tras denuncias, sin poder avanzar por la falta de manos que se necesiten sin los recursos necesarios y ni si quiera una computadora para poder realizar su trabajo.

“20 compañeras pondremos demandas laborales; hay enojo y tristeza”

Paula aseguró que ella y 19 compañeras que fueron despedidas y cambiadas de distrito presentarán demandas laborales para exigir una liquidación conforme a la ley, y advirtió que algunas de las agraviadas trabajarán bajo protesta.

“En mi caso tengo dos menores a mi cargo. “Hay enojo y tristeza pues por mi trabajo dejé pasar mucho tiempo con la familia. Aquí se recibía a todo mundo y salíamos a las calles expensas de cualquier cosa, a diferencia de nuestros superiores nosotras no contamos con escoltas ni seguridad”, recalcó.

A lo anterior, comentó que nunca faltó a su horario de lunes a sábados, con un día de guardia que significaba permanecer las 24 horas del día. “Si el jefe te dice te quedas, ya no sales. Nosotros no teníamos días inhábiles si nos tocaba guardia se hacían y no había pago extra”.

Paula dijo que durante su periodo a cargo de la Fiscalía especializada se adaptó a su lugar de trabajo de tres metros de largo por tres de ancho, con espacio para seis sillas y un mueble para las prestadoras de servicio social. “Estábamos metidas en un gallinero, pero aun así cumplíamos con nuestros deberes”, sostuvo.

Paula finalmente aseguró que, pese a las condiciones en las que prestó sus servicios profesionales, además de la manera en que fueron despedidas, ellas fueron las señaladas en un comunicado oficial por falta de “sensibilidad y capacidad de respuesta”.

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