Ixtaczoquitlán, Ver.-  Madres del colectivo Solecito Veracruz, denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) faltó a un acuerdo con autoridades federales y víctimas indirectas. Sin dar aviso, peritos de la institución local realizaron trabajos de exhumación en las fosas del rancho Chicahuaxtla, ubicado en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz.

“Nos agarraron de tontas; prácticamente fuimos sus chalanes porque nosotras les chapeamos el terreno y ellos exhumaron las osamentas de dos personas. ¿Qué esconden?, ¿Por qué hacen las cosas en secreto?”, recriminó Marcela Zurita Rosas, líder de la agrupación.

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El pasado 13 de octubre de 2017, integrantes de 13 colectivos de familiares de desaparecidos, pactaron con autoridades estatales y federales búsquedas en cinco puntos de la entidad señalados como campos de exterminio, incluido la propiedad de la comunidad San Isidro Ixtaczoquitlán.

Los lugares a rastrear fueron: un pozo ubicado en el municipio de Omealca; la Academia de Policías de El Lencero, en Xalapa; el rancho La Gallera, en Tihuatlán; y un predio llamado Punta Caracol, en Coatzacoalcos. Lo anterior, fue avalado por el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz y Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En el rancho Chicahuaxtla, las diligencias comenzaron desde el 10 de febrero de 2017, con el hallazgo de cinco cadáveres inhumanos a pie de cerro. El descubrimiento se derivó de un caso de plagio, a cargo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Sin embargo, la propia autoridad aplazó la búsqueda al asegurar que “ya no había espacio en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) para seguir apilando gente”.

Las madres de la zona centro regresaron a Chicahuaxtla el 25 de octubre de 2017, acompañados por antropólogos forenses y binomios caninos de la Procuraduría General de la República (PGR). El resultado fue la ubicación de al menos 20 puntos marcados como “positivos”, es decir, con restos humanos escondidos bajo tierra.

Terminado el plazo de búsqueda de PGR, la Fiscalía de Veracruz se comprometió a retomar los trabajos en el lugar, con la presencia de las madres de desaparecidos, pero no fue así.

“Fueron más de 15 días que solicitamos medidas de seguridad a la UECS para regresar a buscar, pero solo nos daban largas. Tengo los mensajes de cuando solicité entrar al predio y me dijeron que todavía no. Ahora sabemos que en ese tiempo ellos trabajaron dos fosas clandestinas”, reprobó Zurita Rosas.

“No somos cualquier cosa para que nos tomen el pelo. La primera vez que venimos, chapeamos el lugar que se iba a procesar y no respetaron los acuerdos.  Lo único que queremos es que nos permitan buscar a nuestros hijos”, insistió. 

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Zurita Rosas aseguró que el casi medio mes sin respuestas de parte de la Fiscalía también figuró como un “gasto extremo”, al trasladar a integrantes de la brigada de búsqueda del puerto de Veracruz y de Iguala, Guerrero.

“Definitivamente habrá más fosas y nosotros queremos participar. Lo que hicieron fue violar nuestros derechos como víctimas indirectas. Exigimos medidas de seguridad pues es evidente que estamos ante un lugar que fue ocupado para el exterminio masivo de personas”, agregó la madre.

Finalmente el grupo solicitó que el resguardo de la zona quede a cargo de la Policía Federal, así como el procesamiento de restos. “No es para menos, hay motivos y de sobra para que se desconfíe de nuestras propias autoridades”, concluyó la madre.

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