Para que en Veracruz haya un padrón de proveedores correctamente integrado a través de un procedimiento debidamente reglamento, la diputada Miriam Judith González Sheridan presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado, con lo que se prevé evitar nuevos casos de corrupción y licitaciones a modo.

En la sesión del Congreso del Estado, la diputada del Grupo Legislativo de MORENA propuso modificar la ley antes citada para las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, deberán solicitarlo por escrito.

Además, en caso de ser persona física deberá presentar copia de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio fiscal, copia del acta de nacimiento, copia de su cédula profesional y copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para el caso de las personas morales: copia del Acta constitutiva, copia del alta ante la SHCP, de la Cédula de Identificación Fiscal, del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y copia de la cédula profesional de los responsables técnicos de la especialidad.

En ambos casos deberán presentar los estados financieros auditados, última declaración anual del pago de impuestos federales y estatales que correspondan a su domicilio fiscal y constancias que prueben la experiencia y especialidad, entre otros.

En tribuna, la legisladora expuso que las obras públicas requieren de un estricto marco jurídico que regule los procedimientos con economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.

En la sesión, la diputada Miriam González Sheridan se pronunció en relación a la violencia que sufren los migrantes en su paso por territorio veracruzano y –destacó- debe otorgárseles las garantías para que transiten libremente.

Expuso que los migrantes en el corredor Córdoba-Orizaba y en el municipio de Tierra Blanca es donde más registran violaciones a sus derechos humanos.