Xalapa, Ver. – Fidel Herrera Beltrán, reconoció que durante su administración como gobernador de Veracruz (2006-2010) se destinaron 8 millones de pesos para el rescate de 20 empresarios secuestrados, principalmente víctimas del Cártel de Los Zetas.

Este lunes 06 de noviembre de 2017, un informe de la Universidad de Texas reveló que dicha célula delictiva –a la que Herrera Beltrán entregó dinero del erario público para negociar la libertad de empresarios- le entregó 12 millones de dólares, a través de Francisco Colorado Cessa, para su campaña a la gubernatura de Veracruz.

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En la página número 30 del documento realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, se menciona el nombre de José Guillermo Herrera Mendoza, ex subsecretario  de Turismo implicado en el plagio y extorsión de Alfonso del Rayo, empresario de bienes raíces de Veracruz.

Alfonso del Rayo, exdiputado federal por el PRI, fue privado de su libertad a principios de diciembre de 2010 en la zona turística del municipio de Boca del Río, y presuntamente torturado durante nueve días seguidos. Los Zetas exigieron 50 millones de pesos, sin embargo, su rescate fue negociado por Herrera Mendoza.

Del Rayo, según el informe de la Universidad de Texas, fue liberado el 18 de diciembre de 2010 a cambio de comprar un caballo de carreras para devolverle el favor a Carlos Nayen Borbolla, presunto lavador de los Zetas, hoy preso en los Estados Unidos de América.

De acuerdo con la investigación estadounidense, Efraín Teodoro Torres. Alias el “Z-14”, entregó 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera para gobernador de Veracruz en el 2004.

El objetivo de la “donación”, como en otras negociaciones que se habrían consolidado en entidades dominadas por Los Zetas, era “congraciarse con el gobernador –Herrera Beltrán- para que la empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y obtuviera contratos para cometer el ilícito de lavado de dinero.

“No era inusual para Los Zetas el pagar cierto porcentaje del valor total de los contratos como soborno al gobierno para obtener dichos contratos. Según José Carlo Hinojosa, un contador de Los Zetas, entre el 10% y el 16% de cada contrato con el gobierno era destinado para pagar sobornos a autoridades estatales” (sic).

A lo anterior, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, otro lavador de Los Zetas, dijo que “no era solo a través de contratos de PEMEX que obtuvieron sus ganancias y lavaron dinero. Presuntamente, también se vieron involucradas escuelas, mineras, y el mismo gobierno directamente en actos relacionados con el lavado de dinero, de una u otra manera”.

Así, según el “análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas”, Fidel Herrera cedió territorio a uno de los cárteles más sanguinarios en México.

Uno de los delitos característicos que cometía el cartel de Los Zetas, eran los secuestros. El problema lo resolvió, según el ex cónsul de México en Barcelona, España, con un Fondo de Apoyo para Víctimas del Delito, que aseguró, era ministrado por el gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.

Dicho fondo destinado al pago de rescates de secuestros, se habría dado tras el plagio de Mauro Loyo Morales, hijo del exsecretario de salud Mario Loyo Varela en el sexenio de Miguel Alemán Velasco. Tras ocho días privado de su libertad el reconocido ganadero fue liberado el 27 de diciembre de 2006.

El 11 de octubre de 2011, en una entrevista para el programa MVS Noticias, Herrera Beltrán admitió que solventó el pago de varios rescates con recursos del erario público. “Era una atención a las familias veracruzanas”, señaló en la entrevista.

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“Una contadora fue asesinada en una casa de Javier Duarte”

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador hoy preso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, también fue señalado en la declaración de Rodrigo Humberto Uribe Tapia, quien aseguró que el expriista sostuvo una reunión con Heriberto Lazcano el “Z-3”, uno de los capos más sanguinarios de Los Zetas, Rodrigo Santos (el “Cien”) y Daniel Menera Sierra “El Danny”.

En un apartado de la investigación se lee: “Uribe describió una reunión que él tuvo con Lazcano, Cien, Daniel Menera y una contadora en una casa que le pertenecía a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz del 2010 al 2016. Según Uribe, Lazcano mató a la contadora después de esta reunión justo en el jardín de esta casa”.

Y es que Duarte de Ochoa habría heredado el operar del cartel de Los Zetas en su gobierno, sin embargo, un crimen marcó la apertura de una cacería contra elementos de esa agrupación: la desaparición de Francisco Serrano Aramoni, ex administrador de la Aduana Marítima de Veracruz.

El funcionario fue interceptado la noche del 01 de junio de 2009, cuando transitaba en su vehículo en las inmediaciones del puente José María Morelos. De acuerdo con videos de la SSP, en su secuestro participaron agentes de la Dirección de Tránsito municipal, quienes fingieron un accidente vial.

El 11 de junio de 2009, durante una visita que realizó Felipe Calderón Hinojosa a la entidad veracruzana, retó al crimen organizado a devolver con vida a Serrano Aramoni, sin embargo, no hubo respuesta de los plagiarios. El entonces mandatario advirtió el ingreso de la fuerza federal para resolver el crimen, lo que fue considerado como un reto para el ejecutivo Herrera Beltrán.

Ya en la administración de Duarte de Ochoa, el 20 de septiembre de 2011, 35 cadáveres fueron arrojados frente al monumento de los Voladores de Papantla, en Boca del Río. El acto se la adjudicó el grupo denominado los “Mata Zetas”, que más tarde dejaría ver su verdadera identidad en diversos crímenes atribuidos al CJNG.

La anuencia del entonces gobernador sobre el hecho, pero también una posible orden acatada del gobierno federal, la dejó ver en uno de sus tuits: "Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar (...) el mensaje es muy claro, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”.

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