Xalapa, Ver. – El grupo de WhatsApp se llama “anti ratas” y lo integran 30 motociclistas de Xalapa a quienes les han robado sus vehículos entre julio y octubre de 2017. Desde ese medio los afectados replican fotografías de las unidades hurtadas y alertan a los ciudadanos sobre el modo de operar de la delincuencia.

“Si las autoridades no hacen su trabajo nosotros les ponemos el ejemplo”, es el lema del sector agraviado.

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El caso que sobresale en el grupo es el de Luis Alfredo Martínez Ramírez -psicólogo de profesión- quien ha perdido dos motocicletas en menos de cuatro meses. Los daños, estimados en los 40 mil pesos, fueron a causa de atracos en la entrada del salón donde toma clases de baile y en el centro de salud de Banderilla, donde trabaja.

El entrevistado considera que sería erróneo pensar que los 30 integrantes de “anti ratas” son los únicos afectados en la capital de Veracruz. “Las páginas de Facebook donde venden accesorios de motos son usadas para anunciar robos. Calculamos entre uno y dos robos diarios en los últimos cuatro meses”.

La percepción del hombre de 33 años no es errónea, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y agosto de 2017 -ocho meses- se han interpuesto 310 denuncias por robos de vehículos en Xalapa, de los cuales 44 fueron cometidos con violencia.

Alfredo relata que desde el primer robo que sufrió, el 26 de julio de 2017, realizó los pasos que las autoridades recomiendan: llamó al número de emergencia, interpuso una denuncia y boletinó los oficios de su vehículo en distintas partes de la ciudad.

Pero no obtuvo respuesta, así que desahogó su inconformidad en redes sociales, donde difundió un mensaje al gobernador.

“Reto a Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador del estado a que recupere mis motos robadas antes del 31/10/17 o sino, por cada like deberá darme $10 pesos y por cada compartir $20 pesos para comprarme otra moto nueva; Ponga a trabajar a las autoridades”, emitió desde su cuenta de Facebook.

Alfredo asegura que su experiencia con las autoridades, la cual califica de “pésima”, no dista a la de sus 29 compañeros, quienes decidieron agremiarse para exigir justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 17 de octubre.

El entrevistado recuerda el primer robo ocurrido el 26 de junio de 2017, cuando tomaba clases de baile en un salón de la calle Fausto Vega. En la entrada estacionó su motocicleta, una Suzuki Hayate modelo 2015, color verde metálico. “La dejé estacionada con el seguro del manubrio puesto y cuando salí ya no estaba”, reprueba.

“Llamé rápido al 911 (número de emergencia), me preguntaron paso por paso lo que me había sucedido y después me mandaron una patrulla. Se tardó en llegar más de 20 minutos. Cuando llegaron los policías me volvieron a preguntar qué había pasado, y yo les dije lo mismo que cuando llamé al 911. Llegaron a perder tiempo y no vi que dieran rondines, que buscaran mi moto”, agrega.

Alfredo guardó la calma y recurrió a denunciar el robo ante la Fiscalía General del estado (FGE). “Ahí me piden documentación para que acredite que soy el dueño. Me dicen que fuera y entregara los oficios de que mi moto estaba robada a varios lugares, y que en cuanto tuvieran alguna noticia ellos me notificaban”.

Las respuestas no llegaban para el afectado y decidió llamar al organismo autónomo. “Me dijeron que fuera en persona, que no me podían dar más información por teléfono. Yo llego y me repiten lo que me dijeron cuando puse la denuncia. No hay nada, nosotros le llamamos si hay noticias”.

Alfredo requería de un vehículo que lo llevara y trajera a su trabajo, a sus clases de baile, y que le redujera los gastos de transporte público. “Me compré otra moto, una de uso Bajaj Pulsar 180, modelo 2016, con un costo de 22 mil pesos. Apenas tenía un mes y quince días con ella y me la roban el 12 de octubre”.

El segundo robo se cometió a las afueras de su trabajo, en el centro de salud del municipio de Banderilla. Ya con la primera experiencia Alfredo había fijado un seguro de disco a la llanta y le adaptó un sistema corta corriente, pero se la llevaron.

“Ahí me di cuenta que no fue cualquier malandrín”, opina el agraviado. :

No pasaban de las 16 horas cuando se cometió el ilícito, frente a la oficina de Tránsito. Alfredo preguntó referencias del ciclomotor, de los responsables, pero los oficiales no vieron nada, le contestaron.

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“Vuelvo a llamar al 911, las mismas preguntas, la misma demora para llegar al lugar de los hechos; otra denuncia ante la Fiscalía donde me dieron la respuesta de siempre: ‘hasta que no tengamos noticias no nos comunicamos con usted’.

Para el 15 de septiembre la paciencia de Luis Alfredo –de profesión psicólogo- se agotó: “Hagan paro, ya estuvo bueno que las autoridades solo se hagan pendejas”, manifestó en su perfil social, con etiqueta al ejecutivo estatal.

Alfredo no tuvo respuestas de las autoridades, pero sí de otros ciudadanos que habían sido víctimas del robo de motocicletas.

“Me contacta otro chavo con el mismo caso para decirme que se estaban organizando en un grupo de WhatsApp. Por ahí nos pusimos de acuerdo para ir a exigir a la FGE que trabaje”, refiere.

En total se reunieron 30 personas con casos similares al de Alfredo. El 17 de octubre acudieron en grupo a las instalaciones de la Fiscalía veracruzana donde criticaron que en cuatro meses no se ha recuperado un solo vehículo.

Los motociclistas se quejaron que los robos se cometen en horas del día, y en espacios públicos como centros comerciales o en las viviendas de los agraviados.

La protesta no generó ninguna reacción de las autoridades, reconoce Alfredo. No obstante, aplaude la organización del sector civil que se ha forjado en medio de una sequía de diligencias. Acciones que, desde una pantalla, contrastan con las tareas en campo de los encargados de procurar justicia.

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