El predio de mil 600 hectáreas ubicado en Altamira que fue adquirido por el exgobernador Eugenio Hernández mediante una triangulación financiera ilegal se ubica en una zona peligrosa.

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De acuerdo con fuentes federales, el terreno da acceso a Playa Tesoro y a una compañía privada, es utilizado como escondite por integrantes de la delincuencia organizada.

El sector, señalaron, está constantemente vigilado por personas que realizan el llamado "halconeo".

"Es un área vigilada de forma discreta por ser territorio usado como refugios de maleantes.

Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECC), como Gobernador de la entidad Hernández Flores se hizo de mil 600 hectáreas del Puerto Industrial de Altamira, las cuales adquirió a través de prestanombres al 1.5 por ciento de su valor real.

Estos terrenos fueron expropiados por el Gobierno federal en 1981 y transferidos a Tamaulipas en 1998, cuando gobernaba Manuel Cavazos Lerma, como parte de un proyecto para fomentar el desarrollo industrial en el Puerto de Altamira.

El 19 de junio de 2002, el Fideicomiso Nuevo Santander, que administraba desde 2001 por parte del Gobierno tamaulipeco dichas propiedades, vendió las extensiones de tierra a Materiales y Construcción Villa de Aguayo, una empresa de Fernando Cano Martínez, presunto testaferro del exgobernador Tomás Yarrington.

La inmobiliaria de Fernando Cano vendió en 2007 los terrenos en 16 millones de pesos a GMC Desarrollo Industrial de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, prestanombres de Hernández.

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Una de las fuentes refirió que sólo en temporada vacacional las corporaciones federales y de la entidad refuerzan la vigilancia.

En la actualidad las mil 600 hectáreas de terreno se encuentran aseguradas, desde el pasado 7 de octubre, por el Gobierno estatal.

Las autoridades colocaron leyendas para informar que se sancionará a quien disponga de las tierras sin previo proceso legal.

De acuerdo con información del Instituto Registral y Catastral del estado, los terrenos habían sido asegurados desde de junio de 2012, a solicitud de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO).