Estefanía Murillo

Con un año nueve meses de retraso, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tras lo cual fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

La nueva legislación que fue aprobada en los términos sugeridos por el Senado, deriva de la reforma de 2015 al artículo 73 constitucional que facultó al Congreso a expedir una ley general en materia de desaparición forzada, en un plazo de 180 días, el cual venció el 6 de enero del 2016.

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A 21 meses de haberse vencido el plazo, finalmente el Congreso concluyó con la redacción y aprobación del nuevo marco legislativo, que tiene como una característica fundamental un catálogo de penas que van de los 40 a los 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa a quien incurra en este delito. Cuando se trate de desaparición forzada cometida por particulares impondrán pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Asimismo, se determina que las penas pueden aumentar hasta en un 50% cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad, personas con discapacidad, periodistas o defensores de derechos humanos; también se incrementarán las penas cuando las víctimas pierdan la vida.

El nuevo marco legislativo aprobado con 397 votos, también da pie a la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas cuyo objetivo es establecer políticas públicas y procedimientos de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Se determinó que este nuevo órgano estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación (quien lo presidirá), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Además se crea una Comisión Nacional de Búsqueda, integrada por servidores públicos especializados, encargada de implementar acciones de búsqueda de personas no localizadas.

También se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

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Fiscalía para la investigación en torno a desapariciones

Una de las disposiciones más importantes, es la investigación de los delitos, a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas.

La ley incluye protocolos de acción en los procesos de búsqueda, así como lineamientos de atención y seguimiento a denuncias sobre desaparición; y contempla el fortalecimiento de los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.

También incluye mecanismos de apoyo en el exterior, adaptados especialmente para facilitar el acceso a la justicia y reparación del daño a personas migrantes víctimas de este delito, o en su caso para familiares.

Primer paso para que justicia sea una realidad: AI

La ley general sobre desaparición aprobada hoy por la Cámara de Diputados en México constituye un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos en el país, consideró Amnistía Internacional.

"Ahora falta dar los pasos concretos para que pueda avanzar con firmeza a ser una realidad. Amnistía Internacional llama al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a publicar con prontitud la ley y a tomar todas las medidas necesarias para su implementación".

"Esta nueva ley es un paso importante y es producto de una incansable labor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país. Se requerirá una fuerte voluntad política y la asignación de recursos suficientes para que la ley pueda concretarse como una realidad para las más de 33 mil personas actualmente desaparecidas en México", manifestó Raquel Aguilera de Amnistía Internacional México.

"El marco ya existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país", finalizó.

Con información de La Silla Rota

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