Xalapa, Ver. El Instituto de Ecología y la asociación civil Pronatura preparan un proyecto para declarar área natural protegida 88 mil hectáreas de Actopan y Alto Lucero, con lo cual quedarían prohibidas las actividades extractivas, como la minería.

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La directora general de Pronatura, Elisa Peresbarbosa Rojas, informó que antes de que acabe octubre presentarán ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal esta solicitud que ya se inició con una carta enviada por los pobladores de varias comunidades de la zona.

Indicó que esta figura se ha buscado concretar desde hace 13 años, pero que hasta ahora no se ha logrado, por los requisitos que se solicitan, pero que ya trabajan en el estudio previo justificativo que presentarán a la instancia federal.

No obstante, consideró que este sería apenas un primer paso en la estrategia de defensa del patrimonio biocultural del estado, pues además se requiere de un ordenamiento ecológico en los dos municipios y una organización permanente de los pueblos, además de inversión gubernamental para impulsar ecoturismo, ganadería y agricultura sustentable.

Tras la presentación del tema "Estrategias de protección de la costa central de Veracruz" en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, indicó que se trata de 88 mil hectáreas, de las cuales 66 mil se ubican en la zona terrestre y 22 en la parte marina.

En este polígono actualmente se encuentran proyectos de minería a cielo abierto de empresas como Candelaria Minning Group y Almaden Minerals y explicó que de lograrse esta figura se impedirían este tipo de actividades extractivas.

"Todos los proyectos mineros caerían dentro de esa área natural protegida. Se ingresó una carta a las oficinas centrales de Semarnat por parte de las comunidades para solicitar esta área natural protegida y el Inecol y Pronatura trabajan en un estudio previo justificativo para integrar la información necesaria".

Detalló que se requiere de entregar cartografía de la zona, la situación de la tenencia de la tierra; es decir, cuántas hectáreas pertenecen a ejidos y cuántas a pequeña propiedad; el tipo de suelo, el clima de la zona, la morfología, hidrología y un texto descriptivo.

"Como el área natural incluye un área marina se trata de ámbito federal y en su momento se formará un comité asesor para considerar si la parte terrestres se puede registrar como área natural protegida estatal. Hay una región prioritaria marina ahí, nosotros planteamos hasta los 30 metros de profundidad que es el área donde entra la luz y hay más vida".

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Hasta el momento tienen identificados 10 ejidos en el polígono, entre los cuales destaca Mozomboa, San Isidro, Meza 24, Villa Rica, El Viejón, entre otros.

"El 80 por ciento del terreno es pequeña propiedad, y en el área viven más o menos 18 mil personas, pero no podría decir cuántas personas están a favor, pero muchos se han manifestado a favor del proyecto".

Indicó que una vez que la Semarnat tenga el documento debe sacar un aviso para informar sobre la solicitud y analizar las opiniones de quienes viven ahí, por lo que no hay un plazo para responder a esta solicitud.

"También depende de si el Gobierno del estado impulsa o presiona este Gobierno federal, porque así se tendrán más avances".

Peresbarbosa Rojas agregó que esta figura es importante porque por estos dos municipios atraviesan anualmente 4.5 millones de aves rapaces, que representan a 230 especies de aves que migran por la región.

Por su parte, el secretario técnico del Fondo Ambiental Veracruzano de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Héctor Hernández Andrade, consideró que urge modificar el marco normativo de las concesiones mineras y trasparentar la información sobre las concesiones que ya se han otorgado.

Y es que criticó que hasta ahora la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha dado a conocer cuántos años y en qué términos otorgó la concesión para la disponibilidad del agua en el caso del proyecto de Caballo Blanco.

Advirtió que en el proyecto del cerro La Paila en Alto Lucero la empresa podría tapar los pozos de agua e ir cortando el flujo de agua a las comunidades vecinas, e incluso vender las concesiones de agua.

"Prevemos fuertes conflictos sociales sobre el uso y disponibilidad de la tierra (...) autorizar este proyecto requiere de la autorización social".

Hernández Andrade agregó que es necesario que se analice desde la Federación la Norma 120 referente a la actividad minera, pues dijo que solo contempla los requisitos para llevarla a cabo en zonas de climas secos y templados, pero que en el caso de Veracruz no aplica porque es un clima lluvioso.

"Es necesario solicitar a los diputados de Veracruz, a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas, que revise la NOM que regule este tipo de exploraciones y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de minería porque son sumamente permisivos".

Avc

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