La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presentó la iniciativa con proyecto de decreto con la que se crearía una Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que se buscará proteger la estructura de máximo ordenamiento legal, ya sean del ámbito federal, local o ambos, para salvaguardar y tutelar las garantías de las y los veracruzanos y resarcir los daños.

La legisladora del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció la importancia en que el actual Congreso del Estado regule los mecanismos constitucionales, tutelando los principios y valores relacionados con la Ley Superior de la entidad.

Por lo que la Ley de Control Constitucional estará integrada por 175 artículos divididos en ocho capítulos, que contendrán las disposiciones generales y la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz a fin de preservar los derechos de las y los veracruzanos.

Copete Zapot reconoció que no sólo el Tribunal del Poder Ejecutivo es el responsable de vigilar el funcionamiento del control constitucional, señaló que el Poder Legislativo tiene el compromiso de abonar al control del poder, el equilibrio y  la contención en el ejercicio del poder público, así como al respeto absoluto a los derechos humanos.

Por lo que es necesario que se incorporen normas jurídicas que prevean el orden de control, el procedimiento y su impacto, en razón de dar resultados a los ciudadanos.

La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Copete Zapot propone la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

La legisladora presentó la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que tiene por objeto tutelar, proteger y resarcir los daños a los que se enfrenten las y los veracruzanos.

En tal virtud, el citado Decreto facultaría al Congreso del Estado para legislar acerca de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea.

Para ello se crearía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como un organismo dotado de plena autonomía el cual formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, para resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los distintos tribunales o salas que conforman el Poder Judicial, entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los juzgados.

Pide diputada cancelar el proyecto “La Paila” en el Municipio de Alto Lucero

La legisladora del PRD exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Dirección General de Impacto y Riego Ambiental a no autorizar el Proyecto denominado “La Paila”, ya que pone en riesgo la biodiversidad e implica la destrucción de la naturaleza en el Municipio de Alto Lucero.

La extracción del volumen de  tierra implicaría movilizar diariamente cerca de 30 mil toneladas de tierra y consumir alrededor de 3 mil metros cúbicos de agua del acuífero de Actopan, así como emplear mil 500 toneladas de cianuro de sodio al año, señaló.

Además de verse amenazada la salud pública por los derrames de lixiviados, se estaría atentando al derecho a la salud de las personas que habitan en el municipio de Alto Lucero, e incluso de otros municipios cercanos a donde se pretende desarrollar el proyecto.

En tal virtud la diputada solicita que en un término no mayor a 40 días los titulares de la SEMARNAT y a la DGIRA, informen a esta Soberanía los informes sobre el particular.