Al menos 40 inmuebles siniestrados en la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre, serán investigados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital.

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Estas carpetas de investigación que abrieron con el fin de indagar si las constructoras usaron materiales defectuosos o si hubo algún fraude al vender edificios que no cumplían estándares de calidad.

Edmundo Garrido, titular de la PGJ, detalló que entre los delitos que se investiga está el del fraude específico.

El procurador señaló una posible responsabilidad de directores o responsables de obra.

La procuraduría capitalina recibirá, además, denuncias por posibles fraudes de inmobiliarias y constructoras en las fiscalías de Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y la de Delitos Ambientales.

A las investigaciones se unieron elementos de una unidad de operación con peritos de estructura, arquitectos y policía facultada.

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En la capital no sólo cayeron inmuebles, también hubo daños en inmuebles, varios de ellos nuevos, que son inhabitables.

Luis Enrique Rodríguez, perito avalado por Protección Civil, aseguró que ningún edificio construido después de 1990, bajo normas de construcción reforzadas tras el sismo de 1985, debió sufrir daños más allá de sus acabados.

La Silla Rota con información de Reforma