Xalapa, Ver.- Hasta 300 medidas de apremio ha impuesto el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) al actual Gobierno del Estado por no entregar la información solicitada o bien, por poner "trabas" para hacerlo.

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La comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez, indicó que la cifra corresponde a estos primeros nueve meses de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y que es similar a lo que ocurría en el último año de Javier Duarte de Ochoa.

"Cuando hemos detectado que alguien de la administración, cualquier servidor público no entrega la información como se le pide o cómo trabas, como hacer prevención ociosa o solicitar que se identifique (el solicitante), les hemos dicho que no lo pueden hacer y los hemos apercibido diciendo que si esa conducta se reitera podemos sancionarlos".

Incluso, señaló que han tenido casos graves en los han solicitado a los contralores de diversas dependencias que inicien procedimientos en contra de los funcionarios que se niegan a entregar la información.

"El mensaje del Instituto ha sido muy claro, no vamos a permitir que ningún servidor ponga trabas a ningún ciudadano para que tengan acceso a la información".

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Explicó que las medidas de apremio se imponen cuando la autoridad no entrega la información solicitada por un ciudadano, y que aunque el número de la actual administración es similar al de la pasada, la diferencia es que actualmente hay más solicitudes que hace un año.

"Está muy parejo el número de expedientes de medidas de apremio, son más o menos similares pero tenemos más solicitudes. Si antes había 6 mil solicitudes, llegaban 2 mil 500 recursos, pero ahora tenemos 12 mil solicitudes y llegan 2 mil recursos, eso quiere decir que ha bajado".

Agregó que las áreas que generan la información son las responsables de la falta de entrega de información pues aseguran tener poco tiempo o personal, y no porque se nieguen a darla a conocer.

Durante la presentación del Foro Anticorrupción y Transparencia organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), advirtió que aún hay quien se resiste a rendir cuentas.

"Hay quien se opone a que estos sistemas se implementen; No hemos podido concluir con los marcos normativos, y la designación de sus autoridades será complicada, ponerlos en marcha va a ser el reto porque el Sistema Nacional de Corrupción se debe vincular con el Sistema Nacional de Transparencia".

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Lamentó que exista un rezago en el estado en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, pues dijo que el problema ha sido generalizado y genera grandes pérdidas en un país que tiene una deuda con la gente del campo y con quienes tienen menos posibilidades.

"Todo el dinero que se pierde en la corrupción podría destinarse a qué más niños fueran a la escuela o tuvieran acceso a la salud".

Dijo que es un tema que debe ser prioritario en la agenda de todas las autoridades, en especial de los legisladores pues advirtió que es la ciudadanía quien más sufre la corrupción.

"Es un mal que aqueja a todo el país, no solo a Veracruz y con este sistema lo que se hace es cerrar ese margen de discrecionalidad para cometer actos de corrupción. Veracruz no es la única entidad en donde hay rezago y eso debería de preocuparnos porque es un proceso que solo ha concluido en Querétaro y Coahuila".

Alertó que no solo los estados están atrasados en sus sistemas estatales, pues recordó que la Federación no lo ha concluido con la creación de los formatos para declaraciones (3 de 3), ya que se impugnó la posibilidad de que los ciudadanos fueran quienes los hicieran.

García Álvarez además precisó que para la designación de quienes serán los encargados de implementar este sistema se deben crear procesos abiertos y perfiles que cumplan con requisitos.

Avc